Sentencia N° 1068 de 2000: nulidad de acto administrativo y solicitud de suspensión de efectos

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia, niega la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado por el ciudadano Jorge Luis Meza, quien había demandado la nulidad de la resolución del Contralor General de la República. La Sala argumenta que la solicitud no cumple con los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar, ya que el demandante no demostró de manera concreta los daños irreparables que podría sufrir por la ejecución del acto impugnado.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión de efectos y la medida cautelar innominada, solicitadas en forma principal y subsidiaria, respectivamente, por el ciudadano JORGE LUIS MEZA, en el juicio de nulidad intentado contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución dictada por el Contralor General de la República el 11 de noviembre de 1999, notificada el 17 de febrero del mismo año, mediante la cual fue declarada su responsabilidad administrativa. En consecuencia, se ordena la devolución del expediente al Juzgado de Sustanciación, a fin de que la causa continúe su curso de Ley.

El artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone que, a instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Ha señalado este Tribunal, en jurisprudencia que una vez más ratifica, que la figura prevista en el indicado artículo 136 constituye una medida excepcional a los principios de ejecutividad y de ejecutoriedad del acto administrativo, derivados de la presunción de legalidad de la cual están investidas las actuaciones de la Administración. Es por ello que su procedencia, si bien se encuentra sometida a la apreciación prudente del juez, está supeditada a que se cumplan las…