Sentencia N° 463 de 2000: cobro de Prestaciones Sociales

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en respuesta a un recurso de casación interpuesto por el ciudadano Gregorio Antonio Vargas Torres, declara con lugar el recurso y anula el fallo recurrido que había declarado la prescripción de la acción. La Sala argumenta que la decisión del tribunal inferior no cumplió con las formalidades necesarias para la citación de la demandada, lo que afectó el derecho a la defensa del recurrente. Se ordena al tribunal superior dictar un nuevo fallo conforme a la doctrina expuesta en esta sentencia.

Por las razones antes expuestas este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el presente recurso de casación, decreta la nulidad del fallo recurrido y ordena al Superior competente dictar nuevo fallo acogiéndose a la doctrina aquí expuesta. Publíquese y regístrese. Bájese el expediente de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

La recurrida establece que mediante la actuación de la demandada en el expediente ocurrida en fecha 6 de mayo de 1996, en intento infructuoso por extemporáneo de contestar la demanda, derivada de incorrección en la fijación de carteles, quedó esa parte citada y eficazmente interrumpida la prescripción; pero luego, inexplicablemente, habiendo hecho constar que la parte demandada apeló de un primer fallo de fondo del a-quo de fecha 9 de julio de 1997, establece también que en virtud de la reposición a un estado anterior a dicha actuación, decretada con ocasión de esa apelación de la demandada por decisión del Superior de fecha 23 de enero de 1998, debe entenderse que corrió un nuevo lapso de prescripción a partir del 1 de noviembre de 1996 -fecha ésta en que a su juicio se consumaría el plazo original de la misma- y puesto que la nueva citación atendiendo a los carteles que se ordenó emitir, sólo vino a concretarse el 24 de julio de 1998 en la persona de un defensor ad-litem, transcurrieron el año y dos meses a que se contrae el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, encontrándose entonces prescrita la acción.