Sentencia N° 347 Casación Social TSJ 2001: Pedro Vicente Rivas vs Rafael María Rojas — Recurso de casación en juicio por cobro de…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declara perecido el recurso de casación interpuesto por la parte actora intimante en costas, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure. La decisión se fundamenta en la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil para la formalización del recurso, lo que impide a la Sala conocer del mismo.

(Omissis). QUEBRANTAMIENTO DEL ARTÍCULO 520 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMEINTO CIVIL: El artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, de manera taxativa señala los únicos medios de prueba admisibles en Segunda Instancia, siendo estos: instrumentos públicos, posiciones juradas y juramento decisorio; sin embargo el Juez Superior mediante auto de fecha 16 de febrero de 2001, cursante al folio 233 admitió pruebas promovidas por el Tercer Opositor que no son las indicadas en el artículo citado supra y con fundamento en estas pruebas dio por cierto el hecho de que las reses embargadas le pertenecen al opositor y que estas se encontraban verdaderamente en su poder, tratando así de hacer ver que la oposición prosperaba por que cumplía con los requisitos del artículo 546 del Código de Procedimiento Civil; las pruebas ilegalmente admitidas por el ciudadano Juez Superior que dictó la sentencia recurrida fueron las siguientes: 1º Autorización para Registro de fundo en Catastro M.A.C., cursante al folio 137, marcadas con la letra “D”. 2º Constancia de Inscripción de Parcelas I.A.N.en el Registro de Propiedad Rural, cursante al folio 138, marcada con la letra “E”. 3º Constancia de Registro de Productores y Empresas Agropecuarias, cursante al folio 1398, marcada con la letra “F”. 4º Constancia de Regularización con fecha reciente, expedida por el Delegado Agrario del Estado Apure, cursante al folio 142, marcada con la letra “H”. Como puede observarse ninguno de éstos son instrumentos públicos, sin embargo fueron admitidos por el Juez de Alzada y valorados en su decisión. Sin embargo el mencionado Juez Superior mediante auto de fecha 21 de febrero de 2001, folio 228 me negó la admisión de las pruebas siguientes: 1º Constancia emanada de la Prefectura del Municipio Pedro Camejo de fecha 15 de enero de 2001, folio 191. 2º Constancia de la misma fecha emanada de la Asociación de Ganaderos del Municipio Pedro Camejo, cursante al folio 192. Mediante éstas se aprecia que no hubo tal venta de ganado por parte del señor Pedro Vicente Rivas (ejecutado) al ciudadano Pedro Vicente Rivas Ramos (hijo), Tercer Opositor y que por lo tanto las reses embargadas son propiedad del primero mencionado. Tampoco el Juez Superior me admitió el Informe Pericial suscrito por los peritos Luis Antonio Blanco, José Estrada y David Alvarado, folios, 158 al 172, donde estos peritos dejaron constancia que las marcas del hierro del presunto comprador, estaban recientes. No cabe duda de que esta actitud del ciudadano Juez Superior al admitirle y valorar unas pruebas promovidas por el tercer opositor y negarle la admisión de otras pruebas similares a la contraparte, quebrantó el principio del igualdad procesal y le menoscabó el derecho a la defensa al recurrente.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación interpuesto por la parte actora intimante en costas, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas en fecha 24 de abril de 2001. Dada la naturaleza de la presente decisión, se exonera de costas a la parte recurrente. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes identificado, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.