Sentencia N° 354 de 2001: inadmisibilidad de recurso de casación en materia laboral

… caso, para conocer de los juicio de nulidad de las resoluciones de las autoridades administrativas laborales, porque la Ley Orgánica del Trabajo no contiene una norma que expresamente así lo asigne y porque la omisión al respecto en dicho texto legal no autoriza a interpretarla en ese sentido, por lo cual, tratándose de decisiones de órganos de carácter administrativo insertos en el Poder Ejecutivo, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir de este tipo de controversias es la jurisdicción contencioso administrativa, en aplicación del principio del juez natural. A este respecto, expresó la Sala Constitucional que: “Los Juzgados con competencia en materia laboral, deberán declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento y decisión de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Trabajo, por ser éstos los órganos judiciales a los cuales les incumbe conocer de este tipo de juicios”. No obstante, sin perjuicio de la doctrina de la Sala Constitucional, que esta Sala acoge, en virtud de su efecto ex-tunc y visto que la tramitación del recurso contencioso de anulación a que se contraen estas actuaciones, se realizó según el régimen de la doctrina anterior, la Sala ratifica lo que conformaba el criterio en esa materia, en el sentido de que en el recurso contencioso de anulación no es admisible el recurso de casación, pues no se trata en estos casos, de una sentencia dictada en los procesos en los cuales puede proponerse dicho recurso, por tanto, no están incluidas dentro de las previsiones establecidas en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en lo atinente a la admisibilidad del recurso extraordinario de casación, esto es, aquellas sentencias que ponen fin a los procedimientos especiales contenciosos sobre el estado y capacidad de las personas, a los juicios civiles, mercantiles y especiales contenciosos, y las que resuelven en apelación sobre laudos arbitrales y sobre ciertos asuntos dictados en ejecución de sentencia, siempre que, salvo las primeras, el interés principal en litigio exceda determinados montos. Así se declara.