Sentencia N° 821 de 2001: radicación de Juicio Penal

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de radicación del juicio penal contra Irguin Adan Acosta, presentada por la Fiscal Décimo Novena del Ministerio Público del Estado Zulia. La solicitud se fundamenta en la presunta perturbación de la administración de justicia debido a la alarma pública generada por el caso. Sin embargo, la Sala determinó que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal para proceder con la radicación, ya que no se evidenció la alarma o escándalo público necesario para justificar la solicitud.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE RADICACION interpuesta por la Fiscal Décimo Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la causa seguida al ciudadano IRGUIN ADAN ACOSTA, y ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, a los fines de la prosecución del juicio.

El artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “Radicación. En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal, la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud”. Se infiere de la norma antes transcrita que en nuestro sistema jurídico para que proceda la radicación deben darse circunstancias graves para que la ley permita apartarse del principio general establecido en el artículo 53 del Código Orgánico Procesal Penal, conforme al cual “la competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado”.