Sentencia N° 774 de 2000: casación en caso de transporte ilícito de estupefacientes

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, decidió declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por la Fiscal Quinta del Ministerio Público, anulando el fallo impugnado que absolvió a los ciudadanos JESUS DANIEL CACERES BARRIOS y JOSE ANTONIO RAMIREZ MEDINA del delito de transporte ilícito de estupefacientes. La Sala argumentó que el sentenciador no realizó un análisis adecuado de las pruebas presentadas, lo que constituyó un vicio de inmotivación en la decisión del tribunal inferior.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación de forma, formalizado por la Fiscal Quinta del Ministerio Público ante la Sala de Casación; anula el fallo impugnado y ordena remitir el expediente al Presidente del Circuito Judicial del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 4 de la Resolución Nº 284 del 4 de abril del año 2000, dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, para que éste lo remita previa distribución a una de las Salas Accidentales de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio, de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial el Área Metropolitana de Caracas.

El sentenciador de la recurrida absolvió a los encausados JESUS DANIEL CACERES BARRIOS y JOSE ANTONIO RAMIREZ MEDINA de los hechos delictivos materia de los cargos fiscales formulados por el delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES y, a tales fines, se limitó a señalar las pruebas indicadas por la recurrente en su escrito sin hacer el debido análisis y comparación de las mismas. De manera reiterada ha señalado esta Sala que motivar una sentencia es explicar la razón jurídica por la que se adopta determinada resolución. Por lo tanto es necesario discriminar el contenido de cada prueba, analizarla, compararla con las demás existentes en autos y por último, conforme a la sana crítica, establecer los hechos derivados de ellas. El sentenciador estaba obligado a determinar con claridad los hechos en los que basa sus conclusiones y los elementos probatorios demostrativos de la sustentación del fallo.