Sentencia N° 590 de 2000: transporte Ilícito de Estupefacientes

La Corte de Apelaciones del Estado Táchira condenó a María Cristina Picón Martorell a diez años de prisión por el delito de transporte ilícito de estupefacientes. La imputada interpuso un recurso de casación, alegando infracciones a la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. El Tribunal Supremo de Justicia, al revisar el caso, determinó que las denuncias no estaban debidamente fundamentadas y desestimó el recurso, confirmando la decisión de la Corte de Apelaciones.

En virtud de las consideraciones expresadas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, declara DESESTIMADO POR INFUNDADO el recurso interpuesto por el Defensor Definitivo de la acusada. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

El artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el recurso de casación será interpuesto “...Mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por inobservancia o errónea aplicación, declarando de qué modo impugna la decisión, con expresión del motivo que la hace procedente, y fundándolos separadamente si son varios...”. Al examinar el Tribunal Supremo de Justicia la denuncia interpuesta, nota que el Defensor no especifica el contenido y significación de las declaraciones que según su criterio no fueron evacuadas. Tal omisión impide a la Sala de Casación Penal juzgar la importancia del vicio que el recurrente le atribuye al fallo recurrido y apreciar su idoneidad para alterar las razones en que se fundamenta la sentencia impugnada en casación. En virtud de lo expuesto la Sala desestima la presente denuncia por no estar debidamente fundamentada y de acuerdo con las previsiones del artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.