Sentencia N° 1688 de 2000: desestimación del recurso de casación interpuesto por la defensa

… reafirmando la validez de la decisión de la Corte de Apelaciones y la protección de los derechos del menor involucrado en el caso. Finalmente, la Sala destacó la importancia de garantizar el interés superior del niño en el proceso penal, mencionando la necesidad de evitar la victimización secundaria durante las audiencias.

… motivo que la hace procedente, y fundándolos separadamente si son varios. Razón por la cual esta Sala considera procedente desestimar el presente recurso por encontrarse manifiestamente infundado a tenor de lo dispuesto en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. A pesar de que el recurso está manifiestamente infundado, es conveniente que la Sala refiera lo concerniente al desalojo del acusado durante la audiencia oral, al respecto la Corte de Apelaciones competente justificó tal orden con los siguientes razonamientos: “...El principio de inmediación previsto en el encabezamiento del artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal, encuentra su excepción en el primer aparte de ese artículo “El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del Tribunal...”. Es decir que el Tribunal tiene la potestad de autorizar, de permitir el alejamiento del imputado cuando así el Tribunal lo autorice. En relación a la denuncia de la no presencia del imputado en la declaración de la víctima. Se observa: de la lectura del Acta del Juicio Oral, cursante a los folios 110 al 124 y 140 y 147, asimismo como en la declaración del menor cursante en el cuerpo de la sentencia (f.151) que en ningún momento se dejó constancia de que el imputado se ausentará de la audiencia para producirse la declaración del menor. Esta circunstancia obligaba al apelante a producir prueba de ello conforme a lo dispuesto en el artículo 445 único aparte del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte bien lo señaló el Ministerio Público, el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Que establece: 1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2.- Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y, deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas...”.