Sentencia N° 1562 de 2000: recurso de apelación en caso de homicidio calificado

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia examina un recurso de casación interpuesto por la defensa de JESÚS ALBERTO VARELA REINOZA, condenado a veinticinco años de presidio por homicidio calificado. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible el recurso de apelación, lo que motivó la impugnación. La Sala concluye que la decisión de la Corte de Apelaciones infringió el derecho a la defensa y la posibilidad de impugnar decisiones desfavorables, por lo que se declara la nulidad de la sentencia impugnada y se admite el recurso de apelación.

Este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por los Defensores Definitivos del imputado ciudadano JESÚS ALBERTO VARELA REINOZA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida el 21 de septiembre de 1999. 2) ANULA dicho fallo y ordena ADMITIR el recurso de apelación ejercido por la Defensa del mencionado imputado en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, en Funciones de Tribunal de Juicio Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, el 18 de agosto de 1999.

La decisión del mencionado tribunal colegiado va en contra de lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República, porque se apega al cumplimiento de una forma insubstancial -señalar cuál es la solución que se pretende- en detrimento de la Justicia, que es el norte de la función jurisdiccional y del derecho que tiene las partes de impugnar una decisión que les resulte desfavorable. Concuerda esta Sala de Casación Penal en que las partes están en el deber de cumplir con los requisitos de forma exigidos en la ley, pues ellos dan uniformidad y seguridad a los actos procesales; pero es preciso sentar que la exigencia de que se cumplan tales requisitos no debe extremarse en demasía, pues ello socavaría derechos preponderantes y abonaría la injusticia en holocausto a un orden formal mal entendido. Ha sido criterio de esta Sala de Casación Penal que el derecho a la defensa y la posibilidad de su ejercicio no debe ser truncado por la exigencia de un formalismo extremadamente riguroso por parte de los jueces, lo cual aquí se reitera.