Sentencia N° 423 de 2001: declaración de perecimiento del recurso de casación

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la invalidación de una sentencia anterior, declarando perecido el recurso de casación anunciado por la parte actora. Se argumentó que no se presentó el escrito de formalización del recurso dentro del plazo establecido, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. La Sala destacó la importancia de la aplicación de normas procesales y su efecto no retroactivo en relación con los actos jurídicos ya verificados bajo la ley anterior.

En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PERECIDO el recurso de casación anunciado por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 26 de abril de 1977, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Lara, con sede en Barquisimeto. Publíquese y regístrese. Désele salida.

La parte actora anunció recurso de casación, el cual fue admitido y no consta en el expediente el respectivo escrito de formalización. Sobre este particular, el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil de 1916 disponía que: “...Vencidos los plazos fijados para la formalización del recurso, sin que la haya hecho el recurrente, la Corte lo declarará perecido sin necesidad de proceder a la vista de la causa...”. En la última reforma del Código de Procedimiento Civil, esta norma fue sustituida por el artículo 325, el cual prevé que: “...Se declarará perecido el recurso sin entrar a decidirlo, cuando la formalización no se presente en el lapso señalado en el artículo 317, o no llene los requisitos exigidos en el mismo artículo....”. Ahora bien, en relación con la aplicación de leyes procesales sucesivas, los principios y normas de Derecho Intertemporal establecen que la ley procesal posterior no puede tener efectos retroactivos respecto de hechos o actos jurídicos verificados bajo la vigencia de la ley derogada.