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Sala de Casación Civil · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 370 de 2001: indemnización de daños y perjuicios

23 de noviembre de 2001CivilCasacion CivilCon lugar
Qué decidió, en una frase

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, anuló la sentencia del Juzgado Superior que había confirmado la decisión de primera instancia que declaró con lugar la demanda de indemnización de daños y perjuicios.

Cita oficial: TSJ/SCC, Sent. N° 370, Exp. 00-474, 23/11/2001

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Resumen

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, anuló la sentencia del Juzgado Superior que había confirmado la decisión de primera instancia que declaró con lugar la demanda de indemnización de daños y perjuicios. La Sala determinó que el tribunal de alzada no consideró la solicitud de suspensión del procedimiento presentada por la empresa demandada, Británica de Seguros C.A., en virtud de su intervención administrativa, lo que constituye una infracción de orden público. La Sala estableció que la suspensión del procedimiento debía entrar en vigencia a partir de la publicación de la intervención en la Gaceta Oficial, y que el tribunal debía haber decretado la suspensión del procedimiento en lugar de emitir la sentencia recurrida.

Lo que ordenó la Sala

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CASA DE OFICIO Y SIN REENVIO la sentencia recurrida de fecha 31 de enero del año 2000. Decreta en consecuencia su nulidad y repone la causa al estado de quedar suspendido el procedimiento en la etapa de dictarse sentencia definitiva en segunda instancia, tal como lo establecen las normas especiales citadas y comentadas en esta decisión.

El fundamento

La Sala, en uso de la facultad que le otorga el aparte cuarto del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, de casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado, observa: La empresa demandada solicitó expresamente al tribunal de la recurrida la “suspensión de la presente causa,” por aplicación a ella del contenido del artículo 27 de la Ley de Regulación Financiera, por tratarse de una gestión judicial de cobro propuesta contra una entidad financiera intervenida, según Resolución N° 017-0596, de fecha 14 de mayo de 1996, publicada en la Gaceta Oficial N° 35. 794, de fecha 5 de junio del citado año, en la que se acordó la intervención de Británica de Seguros C.A. El tribunal de alzada guardó absoluto silencio en el fallo sobre la solicitud formulada por la empresa demandada en el acto de…
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… informes, toda vez que no hay la más ligera referencia en él ni siquiera a la petición de suspensión de la causa por las razones anotadas. El supuesto de autos obligaba al Tribunal Superior, en la peor de las hipótesis, a analizar y juzgar el contenido del artículo 27 de la Ley de Regulación Financiera que, entre otros supuestos, expresamente prescribe que “...no podrá iniciarse ni continuarse ninguna gestión judicial de cobro durante el tiempo de la intervención y mientras dure el proceso de rehabilitación, así como durante la liquidación de la institución financiera intervenida, a menos que ella provenga de hechos posteriores a la intervención, o de obligaciones cuya procedencia haya quedado decidida por sentencia definitivamente firme, anterior a la intervención...” (cursivas de la Sala). La Sala, al analizar esta forma particular de suspensión procesal, ha estimado que no pueden seguirse procesos individuales contra el ente sometido a liquidación colectiva, porque la ley prescribe una forma particular para la distribución forzosa de su patrimonio, en una materia en que, además, está interesado el orden público, por su relación con el sistema financiero cuya supervisión corre a cargo del Estado. Exige asimismo la Ley, que cada acreedor concurra a la solución de su crédito junto con los demás, en un procedimiento donde el pago de las acreencias que resultaren aprobadas se ajustará a determinado orden de prelación. Por otra parte, tratándose como se indicó de disposiciones de orden público, dados su fines de protección del interés general y del interés del Estado en todo ello; y dado el conocimiento público del supuesto hecho respectivo que debe presumirse a partir de la publicación de la orden de intervención del ente financiero en la Gaceta Oficial, considera la Sala y así lo establece, que la suspensión del procedimiento de gestión judicial de cobro seguido contra la entidad respectiva, debe entrar en vigencia a partir de la fecha de dicha publicación en la Gaceta Oficial.
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Palabras clave

indemnizacióndañosperjuiciossuspensiónintervenciónentidad financieracobroLey de Regulación Financiera

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Datos del expediente
Expediente00-474
PonenteFranklin Arrieche G.
Fecha de la decisión23 de noviembre de 2001
Tipo de recursoCasacion Civil
MateriaCivil
Parte actora / solicitanteTELECOMUNICACIONES SURAMERICANAS INTERNACIONALES “TELESURICA” C.A, MAXI WAY COMPUTER C.A, METRO ALFA C.A, INDUSTRIAS QUÍMICAS ORION C.A. y TELEMULTI C.A.
Parte demandada / contraparteBritánica de Seguros C.A.
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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