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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, interpuesto por JEFFRE GARCÍA contra el Reglamento Interno Disciplinario de los Docentes al Servicio del Estado Miranda y la Resolución Nº 633 que lo destituyó. La Sala determinó que no tiene competencia para conocer del caso, ya que el reglamento impugnado es un acto de rango sublegal, lo que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Se inaplicó una norma de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucional, y se concluyó que un Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital es el competente para conocer del caso.
Lo que ordenó la Sala
1. Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer de la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad ejercida conjuntamente con acción de amparo en contra del Reglamento Interno Disciplinario de los Docentes al Servicio del Estado Miranda, y de la Resolución Nº 633 de fecha 21 de diciembre de 1998 dictada por el Secretario General de Gobierno del Estado Miranda. 2. Se INAPLICA, en el caso de autos la norma prevista en el primer aparte del artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por ser inconstitucional, al enfrentar de manera incontestable el artículo 259 de la Constitución, en cuanto sustrae a los tribunales contencioso administrativo distintos a la Sala Político-Administrativa de Tribunal Supremo de Justicia la competencia que le fue otorgada por la propia Constitución para conocer de la nulidad de los actos administrativos (generales o…
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… particulares) contrarios a Derecho. 3. En consecuencia de lo anterior, es un Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital el juzgado COMPETENTE para conocer del caso de autos. 4. Remítase el expediente al tribunal distribuidor competente.
El fundamento
La Constitución vigente distingue claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de ambas competencias en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objetos de control y no a los motivos por los cuales se impugnan. En efecto, de conformidad con el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley”. Asimismo, en el artículo 336 eiusdem se establecen de forma particularizada las competencias de esta Sala. Igualmente, en el artículo 214 eiusdem se le otorga la competencia para…
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… realizar el control previo de la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación. Y por último, la determinación de la constitucionalidad del carácter orgánico otorgado por la Asamblea Nacional a las leyes así calificadas, de forma previa a su promulgación (artículo 203 eiusdem). En tal sentido, esta Sala Constitucional ha señalado que: “el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo. Así las cosas, la normativa constitucional aludida imposibilita una eventual interpretación que tienda a identificar las competencias de la Sala Constitucional con los vicios de inconstitucionalidad que se imputen a otros actos o con las actuaciones de determinados funcionarios u órganos del Poder Público”.
Palabras clave
nulidadinconstitucionalidadReglamento Interno DisciplinarioGobernador del Estado Mirandaacción de amparoderechos constitucionalescompetenciatribunales
Leyes y artículos que aplica
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículos 22, 27, 49, 49.6, 84, 84.1, 137, 140, 236 y 2 más99.182 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Procedimientos AdministrativosArtículos 12, 18, 19, 9310.406 sentencias del TSJ citan esta norma
- Código de Procedimiento CivilArtículos 38, 39, 249103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículos 1, 2, 539.576 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY DE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓNArtículos 14, 1619 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de EducaciónderogadaArtículos 114, 118154 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY ORGANICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAderogadaArtículos 131, 18115.813 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE 1961derogadaArtículos 50, 2063.606 sentencias del TSJ citan esta norma
- Código CivilArtículo 118523.425 sentencias del TSJ citan esta norma
- Convención Americana sobre Derechos HumanosArtículo 81.802 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre nulidad
N° 2716 · 2001Recurso de nulidad y acción de amparo constitucional→N° 2699 · 2001Recurso de nulidad contra el artículo 69 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal→N° 2634 · 2001Declinación de competencia en acción de nulidad por inconstitucionalidad→N° 2602 · 2001Acción de nulidad del Decreto Presidencial N° 1658→N° 2620 · 2001Ejecución de sentencia de alzada en contrato de arrendamiento→
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Datos del expediente
Expediente00-0734
PonenteHéctor Peña Torrelles
Fecha de la decisión18 de julio de 2000
Tipo de recursoNulidad
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteJeffre García
Parte demandada / contraparteGobernador del Estado Miranda
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.