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Sala Constitucional · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 186 de 2001: nulidad de artículos del Decreto de Promoción y Protección de Inversiones

14 de febrero de 2001ConstitucionalNulidadSin lugar
Qué decidió, en una frase

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la demanda de nulidad interpuesta por Fermín Toro Jiménez y Luis Britto García contra los artículos 17, 22 y 23 del Decreto de Promoción y Protección de Inversiones.

Cita oficial: TSJ/SC, Sent. N° 186, Exp. 00-1438, 14/02/2001

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Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la demanda de nulidad interpuesta por Fermín Toro Jiménez y Luis Britto García contra los artículos 17, 22 y 23 del Decreto de Promoción y Protección de Inversiones. La Sala concluyó que los artículos impugnados no violan la Constitución, ya que no limitan la potestad tributaria del Estado ni discriminan entre inversionistas nacionales y extranjeros. Se declaró sin lugar la acción de nulidad, reafirmando la constitucionalidad de los mecanismos de estabilidad jurídica y arbitraje establecidos en el Decreto.

Lo que ordenó la Sala

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la acción de nulidad interpuesta en fecha 27 de abril de 2000, por los ciudadanos FERMÍN TORO JIMÉNEZ y LUIS BRITTO GARCÍA, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 2.546 y 2.305, respectivamente, contra los artículos 17, 22 y 23 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones, dictado por el ciudadano Presidente de la República y publicado en Gaceta Oficial N° 5.390, Extraordinario, de fecha 22 de octubre de 1999. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

El fundamento

La parte recurrente señaló que el artículo 17 del Decreto de Promoción y Protección de Inversiones colide con los artículos 187, numeral 1 y 317 de la Constitución, por cuanto, según sus dichos, “(...) resulta evidente que la celebración por la República de ‘contratos de estabilidad jurídica’ que a través de un consenso de voluntades con particulares pudieran garantizar la ‘estabilidad de los regímenes de impuestos nacionales vigentes al momento de celebrarse el contrato’, o lograr la ‘estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones’ o contratar la ‘estabilidad de uno o más de los beneficios o incentivos específicos a los que se hubiese acogido el inversionista o la empresa en la cual se realice la inversión’, constituye una inaceptable limitación de la soberana potestad tributaria. Por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional…
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… es soberanamente libre y competente para legislar en el momento y circunstancia y en la forma que estime apropiada sobre las materias de su competencia. Asimismo, señaló que el artículo 17 impugnado, establece una discriminación en perjuicio de los inversionistas nacionales, toda vez que establece requisitos más complejos a estos inversionistas, cuestión que, en su criterio, viola la norma contenida en el artículo 301 de la Constitución.
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Palabras clave

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Datos del expediente
Expediente00-1438
PonenteAntonio García García
Fecha de la decisión14 de febrero de 2001
Tipo de recursoNulidad
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteFermín Toro Jiménez y Luis Britto García
Parte demandada / contrapartePresidente de la República
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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