Sentencia N° 1509 Constitucional TSJ 2001: Gian Carlo Seguro Laurentin vs Comisión de Estudios de Postgrado de la…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un oficio de la Sala Político-Administrativa relacionado con una apelación interpuesta por Gian Carlo Seguro Laurentin contra una decisión que declaró sin lugar su acción de amparo constitucional. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había fundamentado su decisión en la falta de aprobación de asignaturas, lo que llevó a la desincorporación del demandante del programa de postgrado. La Sala Constitucional, tras analizar los argumentos, concluyó que no hubo violación al derecho a la defensa ni al derecho a la educación, confirmando así la decisión de la Corte Primera.

Para decidir esta Sala observa lo siguiente: De las actas que conforman el presente expediente, se desprende que el accionante apeló el 20 de abril de 1999, ante la Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad Central de Venezuela de la decisión que lo desincorporó de la citada residencia. Asimismo consta, que el 24 de mayo del mismo año, la citada Comisión resolvió la apelación y ante la inexistencia de elementos nuevos que modificaran la decisión impugnada ratificó el fallo dictado el 25 de marzo de 1999. La Sala observa que la desincorporación se debió al aplazamiento de dos (2) materias cursantes, a propósito de la inasistencia del accionante a las mismas, y si a criterio de éste tal argumento era falso, debió haber probado fehacientemente su asistencia para así contradecir lo establecido, o justificar tales inasistencias, a fin de que el Comité Académico considerara la posibilidad de programar actividades de recuperación, tal como lo establece el artículo 5 del Reglamento sobre Rendimiento Mínimo y Condiciones de Permanencia de los Cursantes de Postgrado de Especialización en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el cual sirvió de fundamento para la medida, y visto que pudo acceder a los órganos competentes al caso para apelar de la decisión y obtener respuesta a la misma, esta Sala considera que no hubo violación al derecho a la defensa alegado. Respecto a la violación de los derechos a dedicarse libremente a las ciencias o artes y a la colegiación, esta Sala confirma el criterio sostenido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, pues, tales derechos permanecieron incólumes, ya que la medida de suspensión, en sí misma, no impide que el accionante pueda colegiarse a posteriori como médico psiquiatra y a dedicarse libremente a la profesión de médico cirujano. Respecto a la violación al derecho a la educación, esta Sala juzga que es un derecho constitucional desarrollado por las leyes que rigen la materia, donde se establecen los requisitos que deben cumplir los estudiantes de postgrado que cursan una determinada especialidad para adquirir el título al cual aspiran. Para verificar la validez del acto administrativo cuestionado en autos, es necesario observar lo que establece el artículo 118 de la Ley de Universidades: “Artículo 118: Para seguir los cursos universitarios y obtener los grados, títulos o certificados de competencia que confiere la Universidad los alumnos necesitan cumplir los requisitos que, sobre las condiciones de asistencia exámenes, trabajos prácticos y demás materias, fijen la presente Ley y los Reglamentos”. Visto que la desincorporación tuvo su fundamento y motivación en la aplicación de los artículos 3, 9 y 13 del Reglamento sobre Rendimiento Mínimo y Condiciones de Permanencia de los Cursantes de Postgrado de Especialización en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el cual funda su objeto y aplicación en la Ley de Universidades, y visto también que, en el presente caso se verificó que el acto cuestionado no lesionaba los derechos alegados por el accionante, esta Sala confirma la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 18 de agosto de 1999, mediante la cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada contra la Resolución CEPGM 256 del 25 de marzo de 1999. Así se decide.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Wilmer Alfredo Arellano Núñez actuando con carácter de representante judicial del ciudadano Gian Carlo Seguro Laurentin y CONFIRMA la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 18 de agosto de 1999, mediante la cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada contra la Resolución CEPGM 256 del 25 de marzo de 1999, emanada de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.