Sentencia N° 1509 de 2001: apelación de amparo constitucional

… posibilidad de programar actividades de recuperación, tal como lo establece el artículo 5 del Reglamento sobre Rendimiento Mínimo y Condiciones de Permanencia de los Cursantes de Postgrado de Especialización en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el cual sirvió de fundamento para la medida, y visto que pudo acceder a los órganos competentes al caso para apelar de la decisión y obtener respuesta a la misma, esta Sala considera que no hubo violación al derecho a la defensa alegado. Respecto a la violación de los derechos a dedicarse libremente a las ciencias o artes y a la colegiación, esta Sala confirma el criterio sostenido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, pues, tales derechos permanecieron incólumes, ya que la medida de suspensión, en sí misma, no impide que el accionante pueda colegiarse a posteriori como médico psiquiatra y a dedicarse libremente a la profesión de médico cirujano. Respecto a la violación al derecho a la educación, esta Sala juzga que es un derecho constitucional desarrollado por las leyes que rigen la materia, donde se establecen los requisitos que deben cumplir los estudiantes de postgrado que cursan una determinada especialidad para adquirir el título al cual aspiran. Para verificar la validez del acto administrativo cuestionado en autos, es necesario observar lo que establece el artículo 118 de la Ley de Universidades: “Artículo 118: Para seguir los cursos universitarios y obtener los grados, títulos o certificados de competencia que confiere la Universidad los alumnos necesitan cumplir los requisitos que, sobre las condiciones de asistencia exámenes, trabajos prácticos y demás materias, fijen la presente Ley y los Reglamentos”. Visto que la desincorporación tuvo su fundamento y motivación en la aplicación de los artículos 3, 9 y 13 del Reglamento sobre Rendimiento Mínimo y Condiciones de Permanencia de los Cursantes de Postgrado de Especialización en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el cual funda su objeto y aplicación en la Ley de Universidades, y visto también que, en el presente caso se verificó que el acto cuestionado no lesionaba los derechos alegados por el accionante, esta Sala confirma la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 18 de agosto de 1999, mediante la cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada contra la Resolución CEPGM 256 del 25 de marzo de 1999. Así se decide.