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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió una acción de nulidad interpuesta por el abogado Efraín Godoy Boada, en representación de Clodoveo D'Suze García, contra dos Decretos y Resoluciones del Ministerio del Ambiente. La Sala, tras analizar la competencia, determinó que no tenía jurisdicción para conocer del caso, ya que los actos impugnados eran de naturaleza administrativa y no constitucional. Por lo tanto, declinó su competencia a la Sala Político Administrativa, ordenando el envío del expediente correspondiente.
Lo que ordenó la Sala
1. Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer de la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad por el abogado EFRAÍN GODOY BOADA, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano CLODOVEO D’SUZE GARCÍA, contra las disposiciones normativas contenidas en los Decretos Nos. 1.742 de fecha 25 de julio de 1991, publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.783 de fecha 23 de agosto de 1991 y 2.219 de fecha 23 de abril de 1992, publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.418 Extraordinario, de fecha 27 de abril de 1992, asimismo, contra las Resoluciones emanadas de la Dirección General Sectorial de Planificación y Ordenación del Ambiente del entonces Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables Nos. 0429 del 5 de agosto y 0450 del 9 de octubre ambas del año 1996. 2. Declina su competencia en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de…
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… Justicia por ser éste el tribunal COMPETENTE para conocer de la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad por el ciudadano CLODOVEO D’SUZE GARCÍA. 3. Se ordena remitir el expediente a la Sala competente antes indicada.
El fundamento
La Constitución vigente distingue claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de ambas competencias en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objeto de control y no a los motivos por los cuales se impugnan. En efecto, de conformidad con lo previsto en el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 'Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley'. En el caso de autos, se impugnan dos Decretos y dos Resoluciones Ministeriales, los cuales no fueron dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución ni…
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… revisten forma de ley, sino que por el contrario, se trata de actos administrativos de rango sublegal, por cuanto desarrollan normas contenidas en instrumentos normativos. En este sentido, esta Sala observa que los actos impugnados fueron dictados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica del Ambiente; 6, 49, 50, 53, 54 y 76 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio; 100 de la Ley de Minas y 22 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, en las cuales se establece la competencia del Ejecutivo Nacional para ejercer la suprema dirección de las políticas nacionales sobre ambiente, la suprema autoridad de la ordenación del territorio, la administración del ramo de minas, y la ordenación y protección de las cuencas hidrográficas, lo cual implica que dichos actos fueron dictados en ejecución directa e inmediata de las referidas leyes.
Palabras clave
nulidadinconstitucionalidadilegalidaddecretosresolucionescompetenciaacción judicialderechos
Leyes y artículos que aplica
- CONSTITUCIÓN DE 1961derogadaArtículos 95, 98, 119, 177, 190.103.606 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículos 97, 112, 259, 33499.182 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica del AmbientederogadaArtículos 4, 19, 20, 2138 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY ORGANICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAderogadaArtículos 99, 123, 12515.813 sentencias del TSJ citan esta norma
- Decreto Nº. 295, con Rango y Fuerza de Ley de MinasderogadaArtículo 19107 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre nulidad
N° 2716 · 2001Recurso de nulidad y acción de amparo constitucional→N° 2699 · 2001Recurso de nulidad contra el artículo 69 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal→N° 2634 · 2001Declinación de competencia en acción de nulidad por inconstitucionalidad→N° 2602 · 2001Acción de nulidad del Decreto Presidencial N° 1658→N° 2620 · 2001Ejecución de sentencia de alzada en contrato de arrendamiento→
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Datos del expediente
Expediente00-1261
PonenteHéctor Peña Torrelles
Fecha de la decisión17 de octubre de 2000
Tipo de recursoNulidad
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteClodoveo D’suze García
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.