Sentencia N° 224 de 2000: avocamiento en causas penales

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la solicitud de avocamiento presentada por el Fiscal General de la República, para conocer de causas penales relacionadas con los sucesos de febrero y marzo de 1989. La Sala argumentó que, aunque el avocamiento no debe ser utilizado para reparar el retardo procesal, la excepcionalidad del caso, dada la cantidad de víctimas y la falta de decisiones judiciales, justificaba su intervención. Se ordenó el desglose de los expedientes y la formación de expedientes individuales para cada víctima.

1.- Concluida su función jurisdiccional en relación al avocamiento que decidiera mediante sentencia publicada en fecha veintitrés de septiembre de 1.999. 2.- Revoca, conforme al artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, los autos dictados por esta Sala Político Administrativa en los cuales se constituía como tribunal de transición conforme al Régimen Procesal Transitorio dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. 3.- Ordena remitir las cuatrocientas treinta y siete (437) causas originadas por el desglose que se hiciera en cumplimiento de la decisión antes señalada, en su totalidad al Fiscal General de la República quien ordenará y dirigirá la investigación de los hechos punibles para establecer la identidad de sus autores materiales, intelectuales y partícipes, y ejercer las acciones, tanto contra quienes impartieron las órdenes, como contra quienes las ejecutaron en el presente caso.

El avocamiento, como institución jurídica extraordinaria que es, no está destinada a reparar al recurrente retardo procesal imperante en nuestro sistema judicial, y por esa razón, bajo ese único argumento, no podría avocarse esta Sala, en las causas en comento, pues se estaría pervirtiendo una institución jurídica excepcional, convirtiéndola en un recurso ordinario, cuestión que esta Sala no puede acoger. Sin embargo, los expedientes bajo examen, dado el número considerable de víctimas, las personas presuntamente responsables de tales muertes (efectivos, militares y policiales) así como el contexto social en el que ocurrieron, poseen un carácter excepcional, carácter este que no fue considerado por los órganos encargados de la investigación, pues es evidente que hasta la fecha, al no producirse ninguna decisión en torno a los prebombrados hechos, se ha incurrido en una aberrante…