Sentencia N° 1820 Político-Administrativa TSJ 2000: Jon Lacasa Astigarraga vs Directorio DEL Banco Central de Venezuela

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la declinatoria de competencia presentada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que había declarado su incompetencia para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación contra la Resolución Nº. 97-07-02 del Banco Central de Venezuela. Esta decisión se fundamenta en la naturaleza del acto recurrido, que es un acto administrativo de efectos generales, y en la normativa aplicable que establece la competencia de la Sala para conocer de tales recursos. El recurso fue interpuesto por el abogado Jon Lacasa Astigarraga, quien argumentó que la Resolución impugnada incurrió en vicios de ilegalidad, incluyendo la delegación indebida de la fijación de tasas de interés. La Sala, al revisar el expediente, concluyó que el acto administrativo impugnado tiene un carácter normativo y afecta a un grupo indeterminado de personas, lo que justifica su competencia para conocer del caso. Finalmente, la Sala ordena la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para que determine lo conducente sobre la admisibilidad del recurso, cumpliendo con lo ordenado en la decisión.

Dispone el ordinal 9° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que corresponderá al Máximo Tribunal de la República: "Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de ilegalidad, de los actos generales de los órganos unipersonales o colegiados del Poder Público, salvo en los casos previstos en las disposiciones transitorias de esta Ley". Por su parte, el artículo 43 de la mencionada Ley Orgánica, prevé: "La Corte conocerá en Pleno de los asuntos a que se refiere el artículo anterior en sus ordinales 1° al 8°. En Sala de Casación Civil, hasta tanto el Congreso decida la creación de nuevas Salas, de los enumerados en los ordinales 33, 20 y 21, si estos últimos correspondieren a la jurisdicción civil, mercantil del trabajo o de alguna otra especial; de igual manera conocerá de los asuntos a que se refiere el ordinal 34. En Sala de Casación Penal, de los señalados en los ordinales 30 al 32 y en los ordinales 20, 21 y 34, cuando estos últimos correspondan a la jurisdicción penal. En Sala Político-Administrativa, de los mencionados en los restantes ordinales del mismo artículo y de cualquier otro que sea de la competencia de la Corte, si no está atribuido a alguna de las otras Salas." Esta Sala observa que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que, la naturaleza del acto recurrido es la de un acto administrativo de efectos generales, toda vez que está dirigido a un grupo indeterminado de personas, es decir, a todos aquéllos que realicen operaciones comerciales con las entidades bancarias, instituciones financieras y entidades de ahorro y préstamo, regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones de Financieras, la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, la Ley de Refinanciamiento de la Deuda del Sector Agrícola y por leyes especiales. Por otra parte, las disposiciones contenidas en la Resolución impugnada, son de carácter normativo, por cuanto no se agotan ni se extinguen en una sola oportunidad sino que, por el contrario, se aplican tantas veces como personas se vinculen con la banca a través del crédito, manteniéndose vigente en el tiempo y formando parte del ordenamiento jurídico.

Por las razones precedentes, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que le fuera efectuada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, en decisión de fecha 9 de diciembre de 2000, mediante la cual declaró su incompetencia para conocer del presente recurso contencioso administrativo de anulación, contra el acto administrativo, emanado del DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, y contenido en la Resolución Nº. 97-07-02, dictada en fecha 07 de agosto de 1997, y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.264 de igual fecha. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase mediante oficio al Tribunal a quo, copia certificada de la presente decisión. Remítase el presente expediente al Juzgado de Sustanciación para que determine lo conducente sobre la admisibilidad del presente recurso, salvo, lo referente a la competencia que ha sido determinada por la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.