Sentencia N° 83 Electoral TSJ 2001: Orángel Velásquez — Cumplimiento de sentencia en contencioso electoral

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 20 de diciembre de 2000, declaró parcialmente con lugar un recurso contencioso electoral y ordenó la anulación de un acto electoral. Posteriormente, el ciudadano Orángel Velásquez solicitó a la Sala que se ordenara el cumplimiento de dicha sentencia, argumentando que se vulneraban sus derechos. La Sala, al analizar la solicitud, determinó que la ejecución de sentencias en materia contencioso-administrativa debe ser cumplida obligatoriamente y que el cumplimiento puede ser voluntario o forzoso. Sin embargo, concluyó que la solicitud era improcedente, ya que el solicitante debía impugnar el acto administrativo de homologación de la convención colectiva por otros medios.

Corresponde a esta Sala pronunciarse en esta oportunidad, acerca del escrito presentado por el ciudadano Orangel Velásquez en fecha 17 de mayo de 2001, cuyo contenido se dejó reproducido al comienzo de esta decisión. En tal sentido se observa que la solicitud dirigida a esta Sala Electoral en el sentido de que “se ordene lo conducente para el cabal cumplimiento de la sentencia” involucra en primer lugar, un pronunciamiento sobre el problema de la ejecución de las sentencias en materia contencioso-administrativa, que se traslada al contencioso electoral debido a la relación de género a especie que existe entre ambos. En efecto, la ejecución de las sentencias en materia contencioso-administrativa se presenta de manera diversa atendiendo a la naturaleza de las mismas, es decir, según se trate de sentencias declarativas, constitutivas o de condena. De allí que en las sentencias declarativas la tutela jurídica queda resuelta y satisfecha con la simple declaración del derecho invocado, que es lo que se persigue; es decir, basta con la decisión contenida en el fallo, sin que se requieran actos posteriores de ejecución. En las sentencia de mera anulación, el proceso de su ejecución varía según los efectos temporales de la sentencia. Así, si los efectos de la sentencia son hacia el pasado, el ente administrativo obligado a su cumplimiento, debe restablecer las cosas al estado en que se encontraban cuando se dictó o realizó el acto impugnado y debe eliminar los actos posteriores al acto anulado durante ese lapso hasta que se dictó la sentencia. En los casos en los cuales los efectos de la sentencia sean hacia el futuro, la Administración debe cumplir el fallo y la ejecución del mismo debe resultar en la abstención de realizar actos contrarios al fallo o al cumplimiento de actos que resulten de la anulación.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el ciudadano ORANGEL VELÁSQUEZ, en fecha 17 de mayo de 2001. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.