Sentencia N° 380 de 2000: jubilación especial y prescripción de la acción

La Sala de Casación Social, en su decisión, aborda el caso de LUCIA ISABEL GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA, en relación a la jubilación especial y la prescripción de la acción. Se destaca que la acción para reclamar el derecho a la jubilación es irrenunciable y prescriptible, y que las acciones derivadas de la relación laboral prescriben en un año, salvo excepciones. La Sala concluye que la decisión recurrida incurrió en incongruencia al no pronunciarse sobre lo alegado por las partes, lo que llevó a declarar con lugar el recurso de casación.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (Accidental), administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO Y CON REENVÍO la sentencia dictada en fecha 10 de marzo de 1999 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se repone la causa al estado de que sea dictada nueva sentencia por el Tribunal Superior que resulte competente sin incurrir en el vicio señalado. No hay pronunciamiento sobre costas dada la índole de la decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal Superior de origen, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

La Sala de Casación Social, al analizar el caso, establece que la acción para reclamar el derecho a la jubilación es irrenunciable y prescriptible, y que las acciones derivadas de la relación laboral prescriben en un año, salvo en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, donde el lapso es de dos años. Se enfatiza que el consentimiento del trabajador debe ser libre de vicios, y si se demuestra que hubo error excusable en la elección entre jubilación y pago adicional, se debe considerar la nulidad de dicha elección. La Sala también señala que la falta de congruencia en la sentencia recurrida, al no pronunciarse sobre lo alegado por las partes, constituye un vicio que justifica la casación de oficio y el reenvío del caso para que se dicte una nueva sentencia que respete los derechos del trabajador.