Sentencia N° 372 — Sala de Casación Social del TSJ, 21 de abril de 2016

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 21 de abril de 2016, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, confirmando el fallo del Juzgado Superior Primero del Trabajo que había declarado parcialmente con lugar el recurso de apelación de la parte actora. La controversia se centró en la validez de una transacción homologada por la Inspectoría del Trabajo, que la parte demandada alegaba como cosa juzgada, pero la Sala determinó que los conceptos demandados no estaban incluidos en dicha transacción debido a que la certificación de la enfermedad ocupacional fue emitida posteriormente a la misma. Además, se abordaron aspectos relacionados con la prescripción de la acción y la valoración de las pruebas presentadas en el juicio.

Sin embargo, se extrae de los propios argumentos expuestos por la parte formalizante, que lo que en definitiva pretende formalizar es el error de interpretación de los artículos 3 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) y 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales disponen lo concerniente a la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y la posibilidad de suscribir una transacción que en el ámbito del derecho del trabajo, está sometida a ciertos requisitos a los fines de que produzca los efectos de cosa juzgada. En este orden de ideas, observa la Sala, que la sentencia recurrida al momento de pronunciarse sobre la transacción suscrita en fecha 4 de julio de 2007 por el ciudadano Carlos Darío Hinestroza Méndez y la sociedad mercantil Cementaciones Petroleras Venezolanas, S.A. (CPVEN) –parte demandante y demandada en la sub examine- ante la Inspectoría del Trabajo con sede en Lagunillas, estado Zulia, sobre la cual la demandada fundamenta la excepción de cosa juzgada opuesta, en virtud de que los conceptos peticionados en la sub lite, fueron debidamente cancelados, el juzgador sostuvo lo siguiente: (…) debe observarse que en materia laboral los indicados efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de su homologación, que es el acto del funcionario competente del trabajo por el cual le da su aprobación, de conformidad con el artículo 3 parágrafo único de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Reproduce el ad quem lo sostenido por la Sala Constitucional en sentencia nº 1201, de fecha 30 de septiembre de 2009 y la Sala de Casación Social, a tenor literal siguiente: (…) las transacciones que sean homologadas por la autoridad competente del trabajo (Inspector del Trabajo) adquirirán efectos de cosa juzgada, por cuanto su presentación ante dicha autoridad presupone la verificación, en el texto del acuerdo transaccional, del cumplimiento con los requisitos para su validez y eficacia; es decir, que la transacción se haya hecho por escrito y contenga una relación detallada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos, para que el trabajador pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produzca. (Cfr., ss. S.C.S No 265/2000 de 13 de julio [Caso: Edgar Coromoto David Sánchez Acevedo]; 739/2003, de 28 de octubre [caso: Francisco Antonio Santaella y otros]; 226/2004, de 11 de marzo [caso: Oscar Alfonso Guanda]; 493/2004, de 4 de junio, [caso: Octavio Marín Hernández]; 193/2005, de 17 de marzo [caso: George Kastner]; 1787/2005, de 9 de diciembre [caso: José Gregorio Pérez]; 697 y 698/2006, de 20 de abril [casos: Gilberto Hernández y Freddy Rafael Cova, respectivamente]). De esta manera, la transacción en materia del trabajo comparte los mismos conceptos del derecho común (artículos 255 del Código de Procedimiento Civil y 1.395 del Código Civil), pero se aparta sustancialmente de éste por causa de la irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador, que prescribe la Constitución y la ley (artículos 89 de la Carta Fundamental, 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo). [Vide., en cuanto a la irrenunciabilidad, s.S.C. n.° 442/2000, de 23 de mayo, (caso: José Agustín Briceño Méndez)] Asimismo, continúa indicando la Sala Constitucional en la sentencia comentada de fecha 30 de septiembre de 2009, lo siguiente: “Esta Sala Constitucional advierte que la Sala de Casación Social, en sentencia previa, dentro de la misma causa que originó la solicitud de autos (vide s.S.C.S. n.° 193/2005, de 17 de marzo, caso: George Kastner contra Arthur D. Little de Venezuela, C.A.), ratificó su criterio en relación con los efectos de cosa juzgada que tiene la transacción extrajudicial cuando es homologada por el inspector del trabajo, así: …la transacción laboral “extrajudicial” efectuada por ante la autoridad administrativa (Inspector del Trabajo), adquiere el carácter de norma o de un mandato jurídico individual y concreto con fuerza de ley entre las partes, la cual además está investida, por establecerlo expresamente el artículo 3, Parágrafo Único, del carácter de cosa juzgada, que al ser homologada por el funcionario administrativo competente (Inspector del Trabajo), adquiere la condición de acto susceptible de ejecución. Por lo tanto, al adquirir el carácter de ley entre las partes y al estar homologada, para que pueda ser admitida su ejecutabilidad, dicha transacción también adquiere fuerza ejecutiva, capaz de exigir su cumplimiento siguiendo la vía o la fase de ejecución de la sentencia, aún y cuando en su constitución no haya mediado intervención judicial. (…) En efecto, constituye doctrina reiterada de la Sala de Casación Social que una transacción que ha sido homologada por el Inspector del Trabajo es ley entre las partes, en los límites que fueron acordados por ellas, y es vinculante en todo proceso futuro -cosa juzgada material-.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada contra el fallo emitido el 4 de noviembre de 2014, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. SEGUNDO: CONFIRMA el fallo recurrido. Se condena en costas del recurso a la parte demandada recurrente, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.