Sentencia N° 1148 — Sala de Casación Social del TSJ, 30 de mayo de 2007

La Sala de Casación Social se pronunció sobre el recurso de control de la legalidad interpuesto por ambas partes en un juicio de cobro de diferencias de prestaciones sociales. La decisión del Juzgado Primero Superior del Trabajo fue confirmada en parte, declarando inadmisible el recurso de la parte demandada y admitiendo el de la parte actora. La Sala argumentó que la sentencia recurrida violó normas de orden público y derechos procesales, otorgando privilegios indebidos a la empresa demandada.

Esta Sala de Casación Social en decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público o la jurisprudencia reiterada de la Sala”. Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza es de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho, o de aquellas decisiones que contravengan la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, pues, ésta se contrae fundamentalmente entre otras, a preservar la uniformidad de la jurisprudencia laboral.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1° INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2006, dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas; y 2° SE ADMITE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia referida; y, se ordena seguir el procedimiento previsto en los artículos 173 y 174 eiusdem, aplicables por remisión de aquél.