Sentencia N° 1008 — Sala de Casación Social del TSJ, 30 de octubre de 2015

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por el ciudadano Ricardo Antonio González Lanz contra la sentencia del Juzgado Tercero Superior del Trabajo. La Sala determinó que la decisión recurrida no incurrió en violaciones de normas de orden público, por lo que se declaró inadmisible el recurso. La Sala fundamentó su decisión en la potestad discrecional conferida por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, destacando que la legalidad del proceso no fue alterada.

Dispone el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público. Esta Sala de Casación Social en decisión N° 692 de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público”. Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza es de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia publicada el 26 de febrero de 2015, dictada por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar extensión territorial Puerto Ordaz. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.