Sentencia N° 521 de 2026: anulación de sentencia por falta de motivación en caso de tráfico de drogas

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia anula la decisión del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, que condenó a Jorge Luis Rengel Romero a 22 años y 6 meses de prisión por tráfico agravado de sustancias estupefacientes. La anulación se fundamenta en la falta de motivación adecuada en la sentencia recurrida, donde se aplicó una circunstancia agravante sin el análisis crítico necesario que justifique su aplicación. La Sala determina que la mera constatación de que el acusado se desplazaba en una motocicleta no es suficiente para considerar la agravante, ya que se requiere demostrar la intencionalidad y el uso del vehículo como medio para facilitar el tráfico de drogas.

PRIMERO: ANULA la decisión dictada el 23 de octubre de 2025, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, en la cual se CONDENÓ al ciudadano JORGE LUÍS RENGEL ROMERO a cumplir la pena de VEINTIDÓS (22) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de TRÁFICO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149, primer aparte, en relación con el artículo 163, numeral 11, ambos de la Ley Orgánica de Drogas, así como las actuaciones subsiguientes; manteniendo incólume la presente decisión, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 174 y 175, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: REPONE la causa al estado en que otro tribunal de juicio, del mismo Circuito Judicial Penal, al cual le corresponderá conocer por vía de distribución, celebre nuevamente con premura, el juicio oral y público en el proceso seguido el ciudadano antes mencionado.

La aplicación de la circunstancia agravante, sin una fundamentación que la sustente, tuvo su origen en la formulación autómata e infundada de la acusación por parte del Ministerio Público. Como titular de la acción penal y garante de la legalidad, la representación fiscal tiene la carga procesal y dogmática de atribuir los tipos penales y sus modificatorias con estricto rigor científico y sustento probatorio. La atribución mecánica e irreflexiva de circunstancias agravantes, por parte del fiscal acusador, no solo distorsiona el debate probatorio e induce a error a los órganos jurisdiccionales de instancia, sino que atenta contra el principio de objetividad que debe regir la función fiscal, obligando a esta Instancia a intervenir para restablecer el orden constitucional y la correcta aplicación del derecho penal sustantivo. En consecuencia, la ausencia de una verdadera valoración crítica despoja a la decisión objeto del presente análisis del sustento racional exigido en los artículos 157 y 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal.