Sentencia N° 1544 de 2000: conflicto de competencia en el Circuito Judicial Penal del Estado Zulia

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia entre el Juzgado Sexto de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia, relacionado con un auto de detención dictado contra Pedro Antonio Caceres Montilla. La Corte de Apelaciones había declinado la competencia, argumentando que el recurso debía ser conocido por un tribunal distinto al que dictó el auto de detención. Sin embargo, la Sala consideró que el Juzgado Sexto era competente para resolver el reclamo del auto de detención, dado que aún estaba en funciones bajo el régimen procesal transitorio.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA COMPETENTE AL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA para conocer de la presente causa. Envíese el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia a fin de que dicte lo conducente y remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

La Resolución N° 48 del 16 de Julio de 1999, del extinto Consejo de la Judicatura, publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 5.370, Extraordinaria de fecha 09 de Agosto de 1999 en su artículo N° 10, expresamente indica: “los Tribunales de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio, funcionarán durante un (1) año a partir de la vigencia plena del Código Orgánico Procesal Penal”. De manera tal que, para el 14 de Marzo del año 2000, cuando el Juzgado Sexto de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Estado Zulia admite la causa, éste no había cesado en las funciones que le habían sido asignadas y por lo tanto era de su estricta competencia el resolver el reclamo del auto de detención planteado por el defensor del acusado.