Sentencia N° 1466 de 2000: la reposición de la causa y terminación de averiguaciones

… JOSE RAFAEL LOPEZ PEREZ, JOSE NICOLAS ALBORNOZ TINEO y FRANCISCO GUERRA PEREZ, por la comisión del delito de PECULADO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, y en su lugar, DECLARA TERMINADA LA AVERIGUACION SUMARIA según lo dispuesto en el artículo 206, ordinal 7° del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable según las previsiones del único aparte del artículo 509 del Código Orgánico Procesal Penal. 3° REVOCAR el auto de sometimiento a juicio, decretado por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, en fecha 20 de diciembre de 1996, al ciudadano SERGIO GERONIMO SALVATIERRA, por la comisión del delito de ORDENACION DE PAGOS POR OBRAS DEFECTUOSAMENTE EJECUTADAS, previsto en el artículo 78, ordinal 2° de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, por no haber participado dicho ciudadano en la comisión del referido delito, debido a que para la fecha en que fue designado Contralor General de las Fuerzas Armadas Nacionales (8 de agosto de 1992), ya se había ordenado el pago de los tanques repotenciados. Y por cuanto ha transcurrido un lapso superior al exigido para que opere la prescripción de la acción correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público se DECLARA TERMINADA LA AVERIGUACION SUMARIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206, ordinal 7° del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable según las previsiones del único aparte del artículo 509 del Código Orgánico Procesal Penal.

… procedimentales, ya que por preminencia de la Constitución Nacional y aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, tanto es así, que la misma Corte Suprema de Justicia, en decisiones reiteradas, vista la solicitud de los agraviados que manifestaban que se les habían violentado normas de procedimiento y que su garantía estaba violada o restringida, la Corte aceptó sus pedimentos y por vía de la solicitud de Amparo procedió a restituir esos derechos, declarando que se había violado el debido proceso, y como consecuencia se produjo la libertad de los procesados, al declarar el Alto Tribunal de la República con referencia a un caso específico que era nulo el auto de detención dictado por la Corte Marcial a un General de División, porque el Tribunal Militar no había dado cumplimiento a los requisitos de procedibilidad que le exige el Código de Justicia Militar, para poder enjuiciar a ese funcionario de alta jerarquía.