Sentencia N° 997 — Sala Constitucional del TSJ, 23 de noviembre de 2016

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 23 de noviembre de 2016, declaró sin lugar la solicitud de revisión de la sentencia número 1.600 dictada el 3 de noviembre de 2014 por la Sala de Casación Social. La parte solicitante argumentó que la sentencia vulneró su derecho a la defensa al desestimar la prueba de informes solicitada, pero la Sala consideró que la decisión impugnada no incurrió en errores que justificaran la revisión. Se concluyó que la causa de terminación de la relación laboral fue el retiro voluntario y no se demostró la existencia de un despido justificado.

La vía extraordinaria de revisión ha sido concebida como un medio para preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, o para corregir graves infracciones a sus principios o reglas. En el presente caso, se solicitó la revisión de la sentencia número 1.600, dictada el 3 de noviembre de 2014 por la Sala de Casación Social de este máximo Tribunal, que declaró con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil TPM Venezuela, C.A. contra el fallo proferido por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 3 de abril de 2013; anuló el fallo impugnado y declaró parcialmente con lugar la demanda interpuesta por los hoy solicitantes contra la prenombrada sociedad mercantil. La parte solicitante denunció que la sentencia objeto de revisión le conculcó su derecho a la defensa, al haber concluido que el argumento empleado por la recurrida para desechar la prueba de informes solicitada, resultó desvirtuado mediante el oficio N° 001136 del 1 de agosto de 2012, emanado del Jefe del Sector de Tributos Internos Libertador Región Capital, promovido como documento administrativo en la prolongación de la audiencia de juicio, pero que el gravamen ocasionado a los accionantes por la negativa de la admisión y evacuación de la prueba de informes al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), promovido por la parte actora y negado por los tribunales de instancia, fue reparado por la sentencia definitiva proferida por la alzada, con el otorgamiento de las indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) solo a Paul Michael Stewart Ramírez y no a Alejandra Fermín Ortiz.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR la solicitud de revisión formulada por el abogado Alejandro Plana Castera, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos ALEJANDRA FERMIN ORTÍZ y PAUL MICHAEL STEWART RAMÍREZ, de la sentencia número 1.600 dictada el 3 de noviembre de 2014 por la Sala de Casación Social de este máximo Tribunal. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.