Sentencia N° 370 Constitucional TSJ 2000: Omar Jose Rodriguez vs Couttenye & CO. — Despido injustificado

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la apelación interpuesta por Omar José Rodríguez contra la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de Miranda, que había desestimado su acción de amparo. La Sala concluye que la decisión del tribunal inferior vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa del accionante, al no pronunciarse sobre el fondo del asunto y dar por terminado el procedimiento de estabilidad laboral de manera inválida. Se revoca la sentencia impugnada y se ordena el reenganche del trabajador y el pago de salarios caídos.

Es la regla primera del Estado de Derecho, que nadie, ni siquiera los tribunales de la República, ni este Supremo Tribunal, ni ningún órgano del Poder Público, puede estar autorizado para transgredir de manera alguna la Constitución. Por ello, no puede ser entendido que la protección establecida en el precepto contenido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sólo procede cuando la decisión, resolución u orden lesiva a un derecho constitucional sea adoptada por un tribunal incompetente en los términos formales de los criterios atributivos de competencia, por los sujetos, por la materia, por el territorio, por la cuantía. El precepto mencionado refiere, en cambio, al concepto más trascendente del propósito mismo de la función jurisdiccional. Al respecto ha sentado jurisprudencia el máximo tribunal en los siguientes términos: “La doctrina especializada en la materia viene planteando que la palabra «competencia» -como un requisito del artículo 4 de la referida Ley- no tiene el sentido procesal estricto, por cuanto no se refiere sólo a la incompetencia por la materia, valor o territorio, sino también corresponde a los conceptos de abuso de poder o extralimitación de atribuciones, y en consecuencia, se plantea cuando esa actuación lesionen o vulnere derechos o garantías constitucionales.”

Por las consideraciones que anteceden y las conclusiones que de ellas han sido deducidas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta contra el fallo dictado el 02 de agosto de 1999, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con relación a la protección de amparo solicitada por el accionante a sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. En consecuencia, esta Sala: 1.- REVOCA el referido fallo en lo que concierne a la desestimación de los argumentos del accionante sobre la lesión causada a sus referidos derechos constitucionales por el fallo del 19 de febrero de 1998, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Queda así la sentencia impugnada sin efecto alguno. 2.- CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por el ciudadano OMAR JOSE RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada en fecha 12 de febrero de 1999, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la cual queda sin efecto.