Sentencia N° 154 Constitucional TSJ 2001: Enrique Mendoza D’Ascoli — La inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el Gobernador del Estado Miranda en defensa de los derechos de los niños y adolescentes a la educación, alegando que la huelga de docentes no se realizó en violación de los servicios mínimos establecidos. La Sala argumenta que la fijación de dichos servicios es competencia del Ministerio del Trabajo y no de los docentes. Además, se establece que el Gobernador no tiene legitimidad para actuar en nombre de la comunidad educativa, ya que los derechos e intereses colectivos deben ser defendidos por la Defensoría del Pueblo o por los propios ciudadanos afectados.

La Sala observa que el accionante esgrimió como fundamento de su pretensión a favor de la comunidad estudiantil del Estado Miranda, la supuesta infracción del derecho constitucional a la educación, devenida de la huelga de los docentes adscritos a la Dirección de Educación de la Gobernación del mencionado Estado, la cual –según alega el actor- ha sido practicada sin que hayan sido establecidos los servicios mínimos indispensables, de conformidad con la legislación laboral vigente. De lo anterior se colige que la conducta denunciada como lesiva no es la ejecución per se de la huelga de docentes adscritos a la referida Gobernación, sino que la misma se practicara sin que hayan sido dictados los servicios mínimos esenciales. De allí que de la violación denunciada resulte la omisión de fijación de dichos servicios. Ahora bien, observa esta Sala que –tal como se señalara ut supra- la fijación cautelar de los servicios mínimos esenciales es una obligación del Ministerio del Trabajo, en caso de que las partes en conflicto –durante el lapso de actuación de la Junta de Conciliación- no convinieran en el establecimiento de esas condiciones mínimas de prestación del servicio, tal y como sucede en el caso de autos.

Por las razones expuestas, considera esta Sala que en el presente caso, las supuestas infracciones imputadas a los docentes adscritos a la Gobernación del Estado Miranda, no son posibles ni realizables por los mismos, en los términos que se han señalado en el presente fallo, lo cual deviene en la inadmisibilidad de la presente acción, de conformidad con el numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.