Sentencia N° 1129 Constitucional TSJ 2000: Juan Federico Argüello Urpín vs Consorcio Promotor Oriente (Promoriente)

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Federico Argüello Urpín en representación de Consorcio Promotor Oriente. La acción fue considerada improcedente al no tipificarse el supuesto del artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que no se evidenció una violación directa de derechos o garantías constitucionales.

La acción de amparo constitucional, en los términos en que ha sido descrita por el Texto Constitucional, su Exposición de Motivos y la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tiene como requisito fundamental de procedencia la existencia de una violación o amenaza de violación directa de un derecho o garantía constitucional, frente a la cual los tribunales competentes de la República deberán reparar o proteger al agraviado mediante la restitución de la situación jurídica infringida o de la que más se asemeje a ella. De lo anterior, necesariamente se colige que no puede proceder una acción de amparo constitucional que verse sobre la contravención de disposiciones de rango legal o sublegal que no tengan una conexión inmediata y directa con una norma constitucional, que a su vez quede infringida. El apoderado judicial de la presunta agraviada denunció que en el fallo accionado se inobservaron: a) los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, relativos el primero, a la cualidad de abogado para comparecer en juicio y a la suspensión del proceso sin la intervención de éste, pues a la empresa accionante no se le designó durante el proceso – calificación de despido- ningún abogado, para que ejerciere su representación y, el segundo a la obligatoriedad que tiene todo representante del demandado, no abogado, para nombrar uno que lo represente o lo asista en todo el proceso; b) el artículo 51 de la Ley Orgánica del Trabajo, referido a que los directores, gerentes, administradores, jefes de relaciones industriales, jefes de personal, capitanes de buques, aeronaves, liquidadores y depositarios y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración, se considerarán representantes del patrono, aunque no tengan mandato expreso para todos los fines derivados de la relación laboral, y c) el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, referente a la nulidad de la sentencia definitiva por la falta de alguno de los requisitos de forma previstos en el artículo 243 eiusdem o por haber absuelto la instancia, por resultar la sentencia contradictoria que no pueda ejecutarse, o no aparezca lo decidido, o cuando sea condicional, o cuando contenga ultra petita.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara, Inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Juan Federico Arguello Urpín, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Consorcio Promotor Oriente (Promoriente). Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.