La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia, declaró el decaimiento de la sanción de destitución impuesta a Juan Francisco Ramos Guedez, debido a que había adquirido el derecho a la jubilación. Sin embargo, se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Resolución N° 01-00-093 de la Contraloría General de la República, manteniendo firme la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas impuesta al recurrente. La decisión se fundamenta en la interpretación del derecho a la jubilación y su prevalencia sobre la destitución, así como en la legalidad de las sanciones impuestas por la Contraloría.
Extracto de la motiva
La Sala considera que el derecho a la jubilación debe prevalecer sobre los actos administrativos de remoción, retiro o destitución dictados por la Administración Pública. En este sentido, se concluye que la sanción de destitución contenida en la Resolución N° 01-00-093 de fecha 25 de septiembre de 2003, perdió vigencia al habérsele concedido al recurrente el beneficio de jubilación. No obstante, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública se mantiene, ya que el hecho de haber sido jubilado no impide que en el futuro el recurrente pueda ejercer un cargo dentro de la Administración. La Sala también desestima las alegaciones de inconstitucionalidad respecto al artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, considerando que el procedimiento administrativo seguido fue ajustado a derecho.
Dispositiva
1.- El DECAIMIENTO de la sanción de destitución impuesta al recurrente, en virtud de haber perdido vigencia al habérsele concedido el beneficio de jubilación. 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por el ciudadano JUAN FRANCISCO RAMOS GUEDEZ, contra la Resolución N° 01-00-093 de fecha 25 de septiembre de 2003, emanada de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Queda FIRME la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública impuesta al accionante.