Sentencia N° 950 Político-Administrativa TSJ 2000: Juan Carlos Rubio vs Estación de Servicio Universitaria, CA.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de corrección de una sentencia dictada el 11 de agosto de 1999, en la que se abordaba la jurisdicción en un caso de despido laboral. Se argumentó que la solicitud de corrección debió presentarse en el momento de la notificación de la sentencia o al día siguiente, y se evidenció que el Ministerio del Trabajo ya conocía de la omisión en el dispositivo de la sentencia desde diciembre de 1999 y enero de 2000. La Sala reafirmó la importancia de la interpretación de la Constitución y la necesidad de que el proceso judicial sea un instrumento de justicia, no un fin en sí mismo.

En una aplicación literal y exegética del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil cualquier aclaratoria, ampliación o corrección de errores materiales debió plantearse en la misma fecha en que se publicó la sentencia o el día de despacho siguiente. En una interpretación más amplia la referida solicitud se debió hacer el día de la notificación o al día de despacho siguiente en que se produjo ésta. Es evidente, de acuerdo a los oficios que se anexaron, que por lo menos para el 06 de diciembre de 1999 y el 04 de enero de 2000 ya el Ministerio del Trabajo estaba en cuenta de la omisión existente en el dispositivo de la sentencia, por lo que resulta extraño e impropio que sea el 05 de abril de éste año cuando dicha situación se evidencia a ésta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, ha sido criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no se limitó a hacer un simple cambio en la denominación y organización del Máximo Tribunal de la República, sino que estableció principios y valores de obligatorio cumplimiento para los órganos del Poder Público y en especial para el sistema judicial. Estos principios y valores van desde la concepción misma del Estado como un Estado social y democrático de Derecho y de Justicia (artículo 2), hasta la consagración de la Justicia y el bienestar del pueblo como fines esenciales del Estado (artículo 3). En éste contexto, el artículo 26 del texto fundamental de la República además de plantear el acceso a la Justicia establece las reglas de garantía de éste valor fundamental, dentro de ellas el que sea transparente, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles. Reglas éstas que se ven reafirmadas en el artículo 257 ejusdem cuando establece que el proceso es un instrumento de la justicia (y no un fin en si mismo), por lo que se debe establecer la simplificación y eficacia de los trámites y la prevalencia de la Justicia por sobre las formalidades no esenciales.

En razón de las consideraciones anteriormente expuestas esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia administrando la justicia que emana de la soberanía popular e impartiéndola en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara que el dispositivo de la sentencia dictada por la extinta Corte Suprema de Justicia el 11 de agosto de 1999 es como sigue “DECLARA QUE EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA NO TIENE JURISDICCIÓN EN EL PRESENTE CASO PARA CONOCER DEL DESPIDO DEL TRABAJADOR DEBIENDO REMITIRSE EL EXPEDIENTE A LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO RESPECTIVA A LOS FINES DE LA PERTINENTE CALIFICACIÓN DEL DESPIDO”. Y así se decide.