La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por MIRIAM GABRIELA SIFONTES DURÁN contra BANCO DEL TESORO, C.A. El Juzgado Décimo Sexto había declarado la falta de jurisdicción, argumentando que la demandante se encontraba en estado de gravidez, lo que requería la calificación previa del despido por parte de la Inspectoría del Trabajo.
La Sala fundamentó su decisión en la legislación laboral vigente, que establece la protección de la maternidad y la inamovilidad laboral de las trabajadoras embarazadas. Se concluyó que el Poder Judicial no tenía jurisdicción para conocer la solicitud, confirmando así la decisión del Juzgado Décimo Sexto y remitiendo el caso a la Inspectoría del Trabajo correspondiente.
Finalmente, se ordenó la publicación y registro de la sentencia, reafirmando la importancia de la protección de los derechos laborales de las trabajadoras en estado de gravidez.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento en la presente consulta de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010; 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual observa: Mediante fallo dictado en fecha 2 de junio de 2011, el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por considerar que el conocimiento del presente asunto corresponde a la Inspectoría del Trabajo respectiva, toda vez que la accionante se encontraba (presuntamente) amparada por la inamovilidad laboral derivada del fuero maternal. Al efecto, se observa el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra, entre otras facultades, la que tiene el trabajador despedido de poder acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, si considera que el despido no está fundamentado en algunas de las causas justificadas previstas en la Ley para que el Juez de Juicio lo califique y, en caso de constatar que se produjo sin causa legal que lo hiciere procedente, ordene su reenganche y el pago de los salarios caídos. De igual forma, la referida Ley dispone en el artículo 29, ordinal 2° la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer de “[l]as solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral”. Sin embargo, debe también precisarse que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.024 Extraordinario de fecha 6 de mayo de 2011, establece situaciones en las cuales es exigida la calificación previa del despido por la Inspectoría del Trabajo respectiva, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar los trabajadores en un momento determinado. En efecto, entre los trabajadores que necesitan de la calificación previa por el órgano administrativo para ser despedidos figuran: a) la mujer en estado de gravidez, b) los que gocen de fuero sindical, c) los que tengan suspendida su relación laboral, y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas. Adicionalmente, requieren de la calificación de despido previa ante el respectivo órgano administrativo, los supuestos de inamovilidad laboral decretados por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren (artículos 13 y 22 eiusdem). En el caso de autos, como se señaló antes, el Juzgado remitente declaró la falta de jurisdicción, al estimar que la demandante se encontraba en estado de gravidez.
Dispositiva
Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por la abogada MIRIAM GABRIELA SIFONTES DURÁN contra la sociedad mercantil BANCO DEL TESORO, C.A., BANCO UNIVERSAL. En consecuencia, se CONFIRMA -en los términos expuestos- la Sentencia sometida a consulta, dictada en fecha 2 de junio de 2011 por el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.