Sentencia N° 921 — Sala Político Administrativa del TSJ, 27 de junio de 2002

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la regulación de jurisdicción interpuesta por la sociedad mercantil CONSORCIO MOTIASCA-INVERCANPA. La decisión se basa en que la parte demandada no interpuso el recurso de regulación de jurisdicción en el momento adecuado, lo que implica su conformidad con la afirmación de jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia. Además, se impone una multa a la parte solicitante por haber presentado una solicitud infundada.

La parte demandante solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, la calificación de su despido, su reenganche y pago de los salarios caídos. En respuesta a dicha solicitud la parte demandada, en la oportunidad para contestar la demanda, opuso la falta de jurisdicción del tribunal para conocer la causa y en el mismo escrito contestó la demanda, señalando en cuanto a la jurisdicción que no podía el trabajador incoar una acción por estabilidad, cuando había sido tramitada ante la Inspectoría del Trabajo una solicitud de reducción de personal por fuerza mayor. Luego, el referido tribunal declaró tener jurisdicción para conocer la causa, pues consideró que al haber culminado el procedimiento de reducción de personal ante la Inspectoría del Trabajo, dicho órgano administrativo había concluido con su obligación en el presente caso; por tanto, concluyó que son los tribunales los que deben conocer de la solicitud de calificación de despido incoada y finalmente declaró con lugar la demanda interpuesta por la parte actora, ordenando así su reenganche y el pago de los salarios caídos.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la regulación de jurisdicción interpuesta por la representación de la sociedad mercantil CONSORCIO MOTIASCA-INVERCANPA, contra la decisión de fecha 23 de abril de 2002, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada. Asimismo, se impone multa a la parte solicitante, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada.