Sentencia N° 86 Político-Administrativa TSJ 2000: Luis Vicente Madera vs Sumipol C.A. — Jurisdicción en materia laboral

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de un juicio de despido y reenganche presentado por LUIS VICENTE MADERA contra SUMIPOL C.A. La decisión se centra en determinar el órgano competente para ejecutar la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró firme la decisión de reenganche y pago de salarios caídos. La Sala concluyó que el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo tiene jurisdicción para conocer de la acción intentada por el demandante.

El objeto de la presente consulta, tal como se desprende de la lectura del auto del Tribunal remitente, es que este alto Tribunal a través de su Sala Político-Administrativa declare cuál es el “órgano competente” para ejecutar la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 14 de marzo de 1994, que declaró consumada la perención de la instancia y, en consecuencia, firme la decisión dictada el 15 de noviembre de 1988, por la extinta Comisión Tripartita Primera de Segunda Instancia del Distrito Federal y Estado Miranda, la cual había confirmado la Resolución dictada por la Comisión Tripartita Primera de Primera Instancia en el Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 19 de agosto de 1988, por medio de la cual se había declarado con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos presentada por el trabajador antes identificado. Ahora bien, es criterio reiterado de esta Sala, que los competentes para conocer de las ejecuciones de las sentencias dictadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en aplicación de las normas de la Ley Orgánica del Trabajo sobre los recursos de nulidad intentados contra las decisiones de las Inspectorías del Trabajo dictadas antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, son los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y ello aplicando el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con mayor razón habrá de afirmarse lo mismo con relación a las Comisiones Tripartitas. La nueva Ley Orgánica del Trabajo previó con respecto a las mismas un régimen transitorio en su artículo 656, según el cual “Los procesos pendientes de calificación de despido y de reenganche para el 1º de enero de 1991, por ante las Comisiones Tripartitas, pasarán al conocimiento de los respectivos Miembros de dichas Comisiones, quienes actuarán con las atribuciones que esta Ley confiere a los Jueces de Estabilidad Laboral hasta la provisión definitiva de sus titulares”. En efecto, la revisión de las decisiones administrativas de las Comisiones Tripartitas, sin ninguna duda quiso el legislador pasarlo a la jurisdicción laboral, tanto así que creó esa figura híbrida del funcionario administrativo, que actuaba con atribución de juez de estabilidad laboral, lo cual permitía mantener la unidad de la jurisdicción laboral, para la elucidación de todos los asuntos contenciosos que no correspondieran a la “conciliación” o al “arbitraje” sobrevenidos con ocasión del trabajo por cuenta ajena. Queda claro entonces, para esta Sala, que el único órgano competente para ejecutar las decisiones dictadas por las Comisiones Tripartitas, una vez desaparecidas éstas, son los Tribunales de Primera Instancia con competencia laboral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 656 de la Ley Orgánica del Trabajo, arriba transcrito y no las Inspectorías del Trabajo, como señalara el a quo. Así se declara.

En virtud de los razonamientos arriba expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la acción intentada por el ciudadano LUIS VICENTE MADERA en contra de la empresa mercantil SUMIPOL C, A, ambas partes antes identificadas. Queda así revocada la decisión del Juzgado a quo de fecha 11 de agosto de 1994. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.