La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer de la demanda interpuesta por Luisa Mercedes Solórzano contra las empresas Distribuidora Dipacar, C.A. y JRL Venezuela Inversiones, C.A. La demanda se refería al cobro de prestaciones y otros conceptos laborales, pero el tribunal determinó que el asunto debía ser resuelto por la Inspectoría del Trabajo, ya que el reclamo administrativo aún no había sido decidido. Se confirma el fallo del Tribunal Tercero que declaró la falta de jurisdicción.
Extracto de la motiva
Las normas parcialmente citadas prevén que corresponderá a los Inspectores del Trabajo mediar en la solución de los reclamos individuales de los trabajadores y ordenar el cumplimiento de la ley o la normativa correspondiente cuando se trate de reclamos sobre obligaciones taxativas de la ley. Que deberán decidir y hacer cumplir la norma en los casos de tales reclamos, e intervenir cuando haya modificación de las condiciones de trabajo. Asimismo, se destaca que la decisión de reclamo que dicte el Inspector o Inspectora del trabajo, dará por culminada la vía administrativa y sólo cuando certifique su cumplimiento será recurrible judicialmente.
Dispositiva
PRIMERO: LA FALTA DE JURISDICCIÓN DEL PODER JUDICIAL, respecto de la administración pública, en este caso, le compete al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, por medio de la Sala de Reclamos y Consultas de la Inspectoría de Miranda-Este. SEGUNDO: ORDENA la remisión inmediata de los autos a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la consulta ordenada a objeto que decida sobre el asunto planteado.