Sentencia N° 798 — Sala Político Administrativa del TSJ, 6 de junio de 2002

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declaró sin lugar la apelación interpuesta por el abogado José Luis Rodríguez, actuando como apoderado judicial de Elio Guanipa Rodríguez. La apelación se refería a un auto del Juzgado de Sustanciación que había declarado improcedente una medida cautelar de embargo solicitada por el intimante, argumentando que no se cumplían los requisitos legales necesarios para su procedencia. La Sala concluyó que no se presentó prueba suficiente que demostrara la insolvencia de los demandados, lo que justificaba el rechazo de la medida cautelar.

El poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora). Con referencia al primero de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado el abogado José Luis Rodríguez, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ELIO GUANIPA RODRÍGUEZ. En consecuencia, se confirma el auto del Juzgado de Sustanciación de fecha 06 de diciembre de 2001. Se condena en costas a la parte intimante, conforme a lo previsto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el presente cuaderno de medidas al Juzgado de Sustanciación y agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.