Sentencia N° 778 Político-Administrativa TSJ 2001: MARCOS MÉNDEZ, INOCENCIO MONTERO, LUIS LÓPEZ… vs Petróleos de Venezuela…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre las cuestiones previas opuestas por la demandada, PETRÓLEOS DE VENEZUELA, en un juicio por daños patrimoniales. La Sala declaró con lugar la cuestión previa de ilegitimidad del poder otorgado a los actores, argumentando que el poder no cumplía con las formalidades legales necesarias para su validez. Se ordenó a los actores subsanar los vicios del instrumento poder en un plazo determinado.

La representación procesal puede definirse como la relación jurídica de orden legal, judicial o voluntaria, por virtud de la cual una persona, llamada representante, actuando dentro de los límites de su poder, realiza los actos procesales a nombre de la parte llamada representante, haciendo recaer sobre ésta los efectos jurídicos emergentes de su gestión. Lo que caracteriza a la representación desde el punto de vista procesal, es su objeto y está referida no a la realización en nombre del representado de actos jurídicos en general, sino a la realización en nombre de las partes de los actos de gestión en el proceso, o como dice la letra de la Ley “...a seguir el juicio en todas sus instancias,...” (artículo 173 Código de Procedimiento Civil). Lo que interesa analizar, en el caso de autos, es la representación voluntaria, es decir, aquélla que tiene su origen en un acto de voluntad libre de la parte plenamente capaz de realizarlo. El representante actúa dentro de los límites del poder que le confiere la parte, sin poder no hay representación, aunque exista la relación de mandato. Los poderes deben constar en forma auténtica, así lo expresa el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil. En nuestro sistema jurídico, la forma auténtica es la misma forma pública, por tanto, es obvio que el poder debe otorgarse mediante escritura y autorizado con las solemnidades legales de un registrador, un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado (Artículo 1.357 Código Civil). Es importante resaltar que la impugnación del instrumento poder no está diseñada para detectar el incumplimiento de los requisitos de forma, sino más bien, para detectar si el otorgante carece de la representación suficiente para la realización del acto, por cuanto, siendo así, el poder no podría surtir ningún tipo de efecto dentro del proceso. El instrumento poder que en esta oportunidad se impugna fue otorgado ante la Oficina Subalterna del Registro Público con funciones notariales, de los Municipios Mara y Almirante Padilla el 1º de agosto de 1999. De la simple lectura de aquél, se evidencia la carencia de los requisitos y solemnidades elementales que debe éste contener a los efectos de cumplir con las exigencias que para ello dispone la Ley de Registro Público, como es la plena identificación de los mandatarios, su voluntad de ser representados en este juicio, la identificación y mención por parte del Registrador, de aquellos otorgantes que no saben o no pueden leer y escribir, la identificación de quienes por ellos firman a ruego, los datos de autenticación del instrumento poder, esto es, Número, Libro, Tomo, Año, de registro, etc. La omisión de tales requisitos hace al mismo ilegal y, carente de valor la representación que con tal instrumento pretende hacer valer la persona a quien se le ha conferido, como ilegal resulta la sustitución otorgada del referido instrumento.

Por lo expuesto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la cuestión previa prevista en el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil opuesta por PETRÓLEOS DE VENEZUELA, P.D.V.S.A., S.A. (hoy denominada P.D.V.S.A. PETRÓLEO Y GAS, C.A.), en el juicio que por daños patrimoniales le siguen los ciudadanos MARCOS MÉNDEZ, INOCENCIO MONTERO, LUIS LÓPEZ y otros, ya identificados. Se condena al pago de las costas de la presente incidencia a la parte demandante conforme a las previsiones de los artículos 274, 276 y 287 del Código de Procedimiento Civil, aplicables conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a las partes. Una vez conste la última de las notificaciones comenzará a correr el lapso a que se refiere el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, para subsanar los defectos del instrumento poder. De no hacerlo se extinguirá el proceso, conforme a las previsiones del artículo 271 eiusdem.