Sentencia N° 68 Político-Administrativa TSJ 2000: Gilberth Antonio Machado Urbina, Elio Rafael… vs Editorial Primavera, C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para ejecutar decisiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en un caso de despido y reenganche de trabajadores. Se determinó que los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo son los competentes para ejecutar tales decisiones, y no las Inspectorías del Trabajo, como se había argumentado anteriormente. La Sala revocó la decisión del Juzgado a-quo que había planteado conflicto de competencia.

Para decidir la Sala observa: El objeto de la presente consulta, tal como se desprende de la lectura del auto del Tribunal remitente, es que este alto Tribunal a través de su Sala Político-Administrativa declare cuál es el “órgano competente” para ejecutar la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 16 de febrero de 1994, por la cual declaró con lugar el recurso de nulidad y en consecuencia, la nulidad de la segunda y última Resolución en vía administrativa del caso de autos, a saber la Resolución Nº 130 de la extinta Comisión Tripartita Laboral Segunda de Segunda Instancia del Distrito Federal y Estado Miranda, la cual había declarado con lugar la apelación ejercida por los trabajadores, en contra de la Resolución de fecha 12 de abril de 1989, de la extinta también Comisión Tripartita Primera de Primera Instancia del Distrito Plaza del Estado Miranda, por medio de la cual se había declarado sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos presentada por los trabajadores antes identificados. Ahora bien, es criterio reiterado de esta Sala, que los competentes para conocer de las ejecuciones de las sentencias dictadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en aplicación de las normas de la Ley Orgánica del Trabajo sobre los recursos de nulidad intentados contra las decisiones de las Inspectorías del Trabajo dictadas antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, son los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y ello aplicando el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con mayor razón habrá de afirmarse lo mismo con relación a las Comisiones Tripartitas. La nueva Ley Orgánica del Trabajo previó con respecto a las mismas un régimen transitorio en su artículo 656, según el cual “Los procesos pendientes de calificación de despido y de reenganche para el 1º de enero de 1991, por ante las Comisiones Tripartitas, pasarán al conocimiento de los respectivos Miembros dichas Comisiones, quienes actuarán con las atribuciones que esta Ley confiere a los Jueces de Estabilidad Laboral hasta la provisión definitiva de sus titulares”. En efecto, la revisión de las decisiones administrativas de las Comisiones Tripartitas, sin ninguna duda quiso el legislador pasarlo a la jurisdicción laboral, tanto así que creó esa figura híbrida del funcionario administrativo, que actuaba con atribución de juez de estabilidad laboral, lo cual permitía mantener la unidad de la jurisdicción laboral, para la elucidación de todos los asuntos contenciosos que no correspondieran a la “conciliación” o al “arbitraje” sobrevenidos con ocasión del trabajo por cuenta ajena. Queda claro entonces, para esta Sala, que el único órgano competente para ejecutar las decisiones dictadas por las Comisiones Tripartitas, una vez desaparecidas éstas, son los Tribunales de Primera Instancia con competencia laboral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 656 de la Ley Orgánica del Trabajo, arriba transcrito y no las Inspectorías del Trabajo, como señalara el a quo. Así se declara.

En virtud de los razonamientos arriba expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas sí tiene jurisdicción para conocer de la acción intentada por los ciudadanos GILBERTH ANTONIO MACHADO URBINA, ELIO RAFAEL MONTILLA CHIRINO, ANDRES AMBROSIO LEZAMA BRITO Y LARRY DAVILA en contra de la empresa mercantil EDITORIAL PRIMAVERA, C.A., ambas partes antes identificadas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado. Queda así revocada la decisión del Juzgado a-quo de fecha 11 de agosto de 1994.