La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción para conocer la solicitud de calificación de despido presentada por Santana Guevara contra la Alcaldía del Municipio Piar. El tribunal de origen había declarado su falta de jurisdicción al considerar que el trabajador gozaba de inamovilidad laboral debido a un pliego de peticiones presentado ante la Inspectoría del Trabajo. La Sala confirmó esta decisión, argumentando que el conocimiento del caso correspondía a la mencionada Inspectoría.
Extracto de la motiva
En efecto, observa la Sala que cursa al folio noventa y uno (91) del presente expediente, el Oficio N° 02.651 de fecha 15 de marzo de 2002, emanado de la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro con sede en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, comunicación dirigida a la ciudadana Jueza de los Municipios Piar y Padre Pedro Chien del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en la cual puede leerse lo siguiente: 'Cursa por ante la Sala de Conciliación de esta Inspectoría del Trabajo, expediente signado con el N° 01-03-010, denominado Pliego de Peticiones, en consecuencia existe inamovilidad laboral, tal como lo establece el artículo 458 y 506 de la Ley Orgánica del Trabajo'. De lo expuesto anteriormente se desprende que el demandante estaba amparado por una situación especial de inamovilidad, en virtud de la interposición de un pliego de peticiones ante la Inspectoría de la Zona del Hierro del Estado Bolívar. En consecuencia, según lo dispuesto en el artículo 458 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores, durante la tramitación de un conflicto de trabajo gozarán de fuero sindical, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 449 eiusdem, los mismos no podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo.
Dispositiva
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud intentada por el ciudadano SANTANA GUEVARA, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO BOLÍVAR. En consecuencia, se confirma la decisión consultada de fecha 22 de octubre de 2002, mediante la cual el tribunal remitente declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública.
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