TSJ/SPA, Sent. N° 00055, Exp. 2003-1525, 03/02/2004
Extracto de la motiva
En el presente caso, el ciudadano Giovanny José González Ruiz interpuso ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, solicitud de calificación de despido, contra el Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero. Ahora bien, el referido Juzgado por decisión de fecha 21 de marzo de 2001, declaró con lugar dicha solicitud, ordenando el reenganche y pago de los salarios caídos del mencionado ciudadano. Vista la decisión anterior, el ciudadano Elio Rafael Hernández Goitía, actuando en su carácter de Coordinador de la Comisión de Modernización y Transformación del referido Instituto, apeló de dicha decisión, en virtud de lo cual, el a quo acordó la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Posteriormente, el referido Juzgado consideró que el caso bajo análisis correspondía conocerlo a la jurisdicción contencioso administrativa, motivo por el cual ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, el cual finalmente estableció que para ese momento debía conocer del juicio el Tribunal de Carrera Administrativa. Ahora bien, a los fines de establecer cuál es el órgano competente para conocer del caso de autos, resulta necesario determinar el régimen legal que ampara al querellante en su relación de empleo con la Administración Pública, así como determinar la relación entre el recurrente y el ente administrativo autor del acto impugnado, y al efecto observa: El recurrente prestaba sus servicios como personal docente ordinario en período de prueba, en el Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, el cual es una Institución perteneciente al subsistema de educación dependiente directamente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y al igual que otros Colegios e Institutos Universitarios adscritos al mencionado Ministerio, constituyen una dependencia orgánica del mismo, carente de personalidad jurídica propia, toda vez que forma parte de una estructura organizativa de la República de Venezuela. Siendo ello así, debe señalarse que la jurisprudencia de esta Sala ha sido reiterada al establecer que la competencia para conocer y decidir casos como el de autos, donde es evidente la relación de empleo público, correspondía en primer término al Tribunal de la Carrera Administrativa, y con la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública, a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo Regionales. (En este sentido, véase sentencia de esta Sala de fecha 19 de junio de 2001, caso Filomena López). De allí que, si bien es cierto que para el momento en que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo dictó su decisión, esto es, el 1° de octubre de 2001, efectivamente el conocimiento del asunto le correspondía al Tribunal de Carrera Administrativa, sin embargo, conforme al ordenamiento jurídico vigente actualmente, en el cual se elimina el referido Tribunal, el conocimiento del caso de autos, atendiendo a la relación funcionarial existente, corresponde de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.522 de fecha 11 de julio de 2002, en primera instancia, a los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo como tribunales funcionariales, específicamente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, tal y como ha sido establecido en casos similares al de autos, entre otras en sentencia N° 00295, de fecha 25 de febrero de 2003. Así se declara. Finalmente, conviene destacar que la presenta demanda fue sustanciada, tramitada y decidida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, siguiendo un procedimiento en el cual se cumplieron las formalidades indispensables para garantizar a las partes su derecho a la defensa y al debido proceso. Por tanto, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución y atendiendo a los principios de celeridad procesal y justicia, esta Sala ordena al Juzgado declarado competente pase a dictar sentencia con los elementos cursantes en autos. Así se decide.
Dispositiva
En mérito a las consideraciones expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el conflicto negativo planteado en el presente caso; 2.- Que corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental el conocimiento para decidir en primera instancia de la solicitud de calificación de despido interpuesta por el ciudadano GIOVANNYS JOSÉ GONZÁLEZ RUIZ, asistido por el abogado Nelson Antonio Navarro Chirino contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ALONSO GAMERO DEL ESTADO FALCÓN. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón y al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Cúmplase lo ordenado.