Sentencia N° 549 Político-Administrativa TSJ 2000: Concepción Rita Mota Hernández vs Alberto Pompei DI Bonaventura

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por la ciudadana Concepción Rita Mota Hernández en un caso de despido. Se confirmó la decisión del Tribunal de la causa que había declarado con lugar la demanda de calificación de despido y sin lugar la falta de jurisdicción invocada por el demandado. La Sala determinó que el conocimiento del asunto correspondía al Poder Judicial, ya que no se alegó una causal de inamovilidad en el momento del despido.

El artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo estipula: “Cuando el patrono despida a uno (1) o más trabajadores deberá participarlo al Juez de Estabilidad Laboral de su jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el despido dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, y de no hacerlo se le tendrá por confeso en reconocimiento de que el despido lo hizo sin justa causa. Así mismo, el trabajador podrá ocurrir ante el Juez cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que éste la califique y ordene su reenganche y pago de salarios caídos, si el despido no se fundamentó en una justa causa de conformidad con esta Ley…” (Subrayado nuestro). En el caso de autos, no ha sido alegada una causal de inamovilidad para el momento del despido, como lo podría haber sido la enfermedad de la trabajadora, que de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, hubiese sustraído la jurisdicción del a quo para calificar el despido otorgándola a la Administración Pública a través del Inspector del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 ejusdem, que prevé la aplicación a éstos casos, del procedimiento establecido en caso de despido de un trabajador investido de fuero sindical, a pesar de que la parte demandante acompañó a los autos unos documentos privados, donde presuntamente se informa que se encontraba enferma al momento del despido, esta circunstancia no fue probada efectivamente. En consecuencia, como no fue alegada la inamovilidad de la trabajadora demandante, ciertamente el conocimiento del presente asunto corresponde al Poder Judicial, como lo establece el artículo 116 antes parcialmente transcrito. Así se declara.

En virtud de los razonamientos arriba expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que corresponde al Tribunal de la causa, el conocimiento para decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana CONCEPCIÓN RITA MOTA HERNÁNDEZ en contra del ciudadano ALBERTO POMPEI DI BONAVENTURA, ambas partes antes identificadas. En consecuencia, se confirma la decisión del Tribunal a quo dictada en fecha 6 de agosto de 1999. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eisudem, se impone multa al ciudadano Alberto Pompei Di Bonaventura, parte promovente de la regulación de la jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Búlmaro Peña R., Inpreabogado Nº 24.318, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.