La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer la solicitud de calificación de despido presentada por Yolimar Antonieta Palencia Gómez contra la Comandancia General de la Policía del Estado Barinas. La Sala confirmó la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia que había declinado su competencia, argumentando que la calificación del despido debía ser realizada por la Inspectoría del Trabajo, dado que la demandante gozaba de inamovilidad laboral.
Extracto de la motiva
La referida disposición constitucional ha sido desarrollada, a su vez, por la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual en su artículos 1 y 39, establecen: “Artículo 1.- La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones nacionales, estadales y municipales...”. “Artículo 39.- En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.” Asimismo, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 38 de la mencionada Ley, que establece que el régimen aplicable al personal contratado será aquel previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral. Visto lo anterior, considera la Sala que -prima facie- la actora no puede considerarse como funcionaria pública, toda vez que su ingreso a la Administración Pública no cumplió con los requisitos establecidos en la vigente Ley del Estatuto de la Función Pública. Por el contrario, se aprecia que su relación laboral se inició y culminó bajo las normas consensuales bilaterales de un contrato de trabajo (folios 5 y 6 del expediente), por lo que, de conformidad con las normas antes transcritas, queda excluida de la aplicación del régimen de los funcionarios de carrera, y por ende es la Inspectoría del Trabajo respectiva la que debe determinar si procede o no la solicitud de calificación de despido formulada por la actora en virtud del contrato que suscribió con el ente demandado. Así se declara.
Dispositiva
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la solicitud de calificación de despido, con reenganche y pago de salarios caídos, intentada por la ciudadana YOLIMAR ANTONIETA PALENCIA GÓMEZ, contra la COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA DEL ESTADO BARINAS. En consecuencia, se confirma la decisión de fecha 2 de mayo de 2005, mediante la cual el Tribunal remitente, declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo con jurisdicción en el Estado Barinas. Cúmplase lo ordenado.
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