Sentencia N° 449 Político-Administrativa TSJ 2001: Juan Francisco Lloan Reyssi y Hans-Joaching… vs C.A. Dayco de Construcciones

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por el abogado Luis Ramón Marcano, en representación de C.A. DAYCO DE CONSTRUCCIONES, contra la decisión del Juzgado de Sustanciación que declaró sin lugar la oposición a la intimación de honorarios presentada por los abogados Juan Francisco Lloan Reyssi y Hans-Joaching Leu Boening. La Sala consideró que el ejercicio de la profesión de abogado es oneroso y que la Ley de Abogados otorga el derecho a percibir honorarios por trabajos judiciales o extrajudiciales.

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la apelación interpuesta por el abogado Luis Ramón Marcano, en su condición de apoderado judicial de la intimada C.A. DAYCO DE CONSTRUCCIONES, con ocasión de la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 02 de mayo de 2000, por la cual se declaró sin lugar la oposición de la parte intimada y procedente la estimación e intimación presentada por los abogados Juan Francisco Lloan Reyssi y Hans-Joaching Leu Boening. En tal sentido, la Sala considera necesario precisar los fundamentos de tal impugnación y luego determinar si la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación se ajusta a lo indicado y probado en autos. Al efecto, la parte intimada invocó en su favor los argumentos expuestos en su escrito de oposición, en el cual indica que los intimantes demostraron falta de diligencia en la tramitación del caso ventilado ante la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, el cual fue decidido por sentencia de fecha 21 de noviembre de 1996; pues solicitaron la aclaratoria del fallo indicado, omitiendo exponer que la corrección monetaria debía realizarse desde el 15 de marzo de 1993, hasta el momento en que se ordene la ejecución. En tal sentido indicaron que en la oportunidad de la sentencia de fondo pronunciada, se ordenó la realización de una experticia complementaria del fallo con el objeto de determinar el monto de la corrección monetaria y de los intereses moratorios causados. Designados los expertos, el informe técnico estableció que el monto a pagar por el INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (I.N.O.S.), era la cantidad de cuatrocientos diez millones ochocientos veintiseis mil setecientos noventa y un bolívares con noventa céntimos (Bs. 410.826.791,90); motivo por el cual se solicitó la ejecución voluntaria de la sentencia, sin embargo, la Sala en fecha 10 de diciembre de 1998, dictó un auto para mejor proveer en el cual se expresó que “por cuanto había considerado que no era posible acordar la ejecución voluntaria de la sentencia solicitada, en virtud de que la experticia no había fijado el monto de la indemnización”, se ordenaba una aclaratoria de la experticia presentada a los fines de establecer los conceptos de daños y perjuicios, corrección monetaria e intereses de mora. Los expertos consignaron la experticia solicitada, la cual arrojó como resultado la cantidad total de doscientos doce millones novecientos veintidos mil cuatrocientos cuarenta y dos bolívares con ochenta y dos céntimos (Bs. 212.922.442,82). Conforme a lo antes expuesto, el apoderado judicial de la intimada señaló que los abogados intimantes no ejercieron recurso alguno a pesar de la disminución sustancial de las cantidades a ser indemnizadas a su representada, y por el contrario, solicitaron el cumplimiento voluntario del fallo con base a la última cifra señalada y la posterior ejecución forzosa de la misma, ocasionando “un daño mayor aún al que le había causado el incumplimiento, por parte del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (I.N.O.S.), de las obligaciones que había asumido frente a mi representada y que le obligaron a demandarla”. Asimismo indicó que la falta de previsión de los abogados intimantes se evidencia porque ha debido incluirse un petitorio adicional al libelo de demanda, lo que en su decir equivale a una omisión de los abogados al elaborar la demanda, resultando cuando menos injusto, que tal falta de previsión pretendan intimársela a su representada. Añade que según se desprende de autos, los informes no fueron consignados en la oportunidad fijada para ello, por lo cual fueron considerados como no presentados, y por lo tanto no son susceptibles de ser estimados e intimados; así como también deben considerarse las actuaciones por las cuales se solicitó se declare confesa a la demandada y se proceda a decidir la causa, pues la mismas “resultan inútiles e innecesarias”, toda vez que el juez estaba obligado a decidir con prescindencia de que las partes se lo pidan o no. Finalmente señaló que la solicitud de ejecución forzosa, formulada por los intimantes tomando como base el monto que estableció la segunda experticia efectuada, le ocasionó un perjuicio a su representada, por cuanto se disminuyó el monto que correspondía a las cantidades a ser indemnizadas. Por su parte, los abogados intimantes destacaron el mérito que según su entender se desprende de todas las actuaciones realizadas por ellos en el proceso, las cuales justifican la interposición de la presente intimación y consignaron el memorando de fecha 26 de septiembre de 1994, firmado por el Ingeniero Rafael Hernández Millán,en su condición de Vice-Presidente Ejecutivo de C.A. DAYCO DE CONSTRUCCIONES, del cual se evidencian los reclamos dirigidos al INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (I.N.O.S.), así como la forma y oportunidad de los hechos que generaron el planteamiento de la demanda. Analizados los términos en los cuales quedo planteada la litis, la decisión del Juzgado de Sustanciación y, finalmente, los argumentos explanados por las partes, pasa la Sala a decidir en los siguientes términos: En primer lugar, a los fines de valoración de las pruebas aportadas por los intimantes, coincide la Sala con la apreciación que de ellas hace el Juzgado de Sustanciación, al considerar que las actuaciones contenidas en el expediente signado con el Nº 9.914, hacen plena prueba de las gestiones que los abogados intimantes ejercieron en la defensa de la sociedad mercantil C.A. DAYCO DE CONSTRUCCIONES, de lo cual puede inferirse con meridiana claridad que la parte intimada tenía conocimiento de las actuaciones judiciales realizadas por los abogados Juan Francisco Lloan Reyssi y Hans-Joaching Leu Boening, actuaciones que por sí solas generan honorarios profesionales, a cargo de la intimada, como consecuencia del mandato contenido en el instrumento poder que acredita tal representación. Así se declara. De otra parte, advierte la Sala que los aspectos controvertidos por la sociedad mercantil intimada, en cuanto a la existencia de una conducta “omisiva” por parte de los abogados intimantes, al no ejercer ningún recurso contra la aclaratoria de la experticia practicada a los fines de establecer los conceptos por daños y perjuicios, corrección monetaria e intereses de mora, cuyos resultados arrojaron una disminución sustancial de las cantidades a ser indemnizadas, no constituyen argumentos válidos para hacer oposición al derecho a intimar el pago de honorarios profesionales, porque ellos no afectan la causa de los mismos ni cuestionan su existencia; tampoco lo constituyen los alegatos referidos a que las actuaciones dirigidas a solicitar se declare confesa a la demandada y se proceda a decidir la causa, son inútiles e innecesarias. Puede apreciarse que todos los alegatos de la parte intimada están destinados a manifestar su desacuerdo con la cuantía estimada para las partidas, lo cual constituye la cuestión de mayor relevancia en los elementos a ser considerados por el Tribunal de Retasa, cuya constitución ha sido ordenada en la decisión recurrida. Así se declara. Finalmente considera la Sala, que el ejercicio de la profesión de abogado tiene un carácter eminentemente oneroso, salvo que las partes dispongan expresamente lo contrario; es por ello que la Ley de Abogados les otorga expresamente, el derecho a percibir honorarios profesionales causados por los trabajos judiciales o extrajudiciales; por tanto, se declara sin lugar la apelación formulada por el representante judicial de la intimada y en consecuencia, se confirma en todas sus partes la decisión de fecha 02 de mayo de 2000, dictada por el Juzgado de Sustanciación. Así también se declara.

En vista de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la sociedad mercantil intimada C.A. DAYCO DE CONSTRUCCIONES. Se confirma en todas sus partes la decisión recurrida, dictada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 02 de mayo de 2000. Se condena en costas a la intimada recurrente, con fundamento en las previsiones contenidas en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación de la Sala para que la causa siga su curso de ley.