Sentencia N° 407 Político-Administrativa TSJ 2000: Eladio Márquez Araque vs Universidad de LOS Andes — Consulta sobre…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de la jurisdicción planteada por Eladio Márquez Araque contra la Universidad de Los Andes, relacionada con la calificación de su despido. Se alegó que el trabajador gozaba de inamovilidad debido a la discusión de un nuevo contrato colectivo, lo que sustraía la jurisdicción del tribunal de instancia para calificar el despido, otorgándola a la Administración Pública a través del Inspector del Trabajo. La Sala declaró que corresponde a la Inspectoría del Trabajo decidir sobre la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos.

En el caso de autos, ha sido alegada una causal de inamovilidad para el momento del despido, como lo es la discusión de un nuevo contrato colectivo de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual sustrae la jurisdicción del a quo para calificar el despido otorgándola a la Administración Pública a través del Inspector del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 ejusdem, que prevé la aplicación a éstos casos, del procedimiento establecido en caso de despido de un trabajador investido de fuero sindical. En consecuencia, alegada como ha sido la inamovilidad del trabajador demandante, ciertamente el conocimiento del presente asunto corresponde al Inspector del Trabajo respectivo, y así se declara.

En virtud de los razonamientos arriba expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que CORRESPONDE A LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO, el conocimiento para decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano ELADIO MÁRQUEZ ARAQUE en contra de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, ambas partes antes identificadas. En consecuencia, se confirma la decisión del Tribunal a quo dictada en fecha 16 de febrero de 1995.