Sentencia N° 402 — Sala Político Administrativa del TSJ, 1 de abril de 2008

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad parcial interpuesto por un grupo de ciudadanos contra el acto administrativo del Ministro de Infraestructura que otorgó el beneficio de jubilación. Se ordena al Ministerio calcular y pagar las diferencias por conceptos de pensión de jubilación y otros beneficios laborales, así como el interés legal correspondiente. La decisión se fundamenta en la incorrecta aplicación de un decreto que establece el porcentaje de aumento de la pensión.

La Sala, al examinar las actas procesales, considera que los actos administrativos impugnados no se ajustaron a derecho, ya que no se aplicó el porcentaje del cien por ciento establecido en el Decreto N° 1.786. Se argumenta que la falta de actualización de los sueldos de los recurrentes al momento de calcular la pensión de jubilación generó un perjuicio a sus derechos. La Sala resalta la importancia de garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, permitiendo la valoración de pruebas que fueron inicialmente inadmitidas por el Juzgado de Sustanciación.

1.- CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad parcial interpuesto por los ciudadanos JOSÉ ALBERTO VARELA LANDAETA, RAMÓN JOSÉ SÁNCHEZ, WILMER PASTOR NAVARRO VARELA, LUIS FELIPE BRANCHI, SORAYA JOSEFINA PÉREZ, RAFAEL EDUARDO SILVA SOLANO, LORENZO BULMES, ANA MIREYA GARCÍA DE BULMES, RICARDO MUR GARCÍA, ORAYMA HERNÁNDEZ MALPICA, GUMERCINDO CUICAS, IRIS GUTIÉRREZ, JULIO RODRÍGUEZ, RURIK AGUILERA, CRUZ MARÍA GUINARE, ROSA NIEVES GÓMEZ PEREIRA, GILBERTO RALDIRIZ, BERNARDO COVA DÍAZ, ALAIN GIRARD, PAULA PARRA ESCALONA, IRÁN ARTEAGA BECERRA, ÁNGEL RAFAEL MILLÁN, BENJAMÍN GUTIÉRREZ, VICTORIA SAAB DE DELGADO, JESÚS CASTELLANOS, MERCEDES ELENA ARASME ROSSI, EDITA CASTILLO DE MARTÍNEZ, LUCIDIO PEROZO, ANTONIO JOSÉ CARRASQUEL, LUISA BOGARÍN RONDÓN, RAFAEL VELÁSQUEZ, MARÍA ELENA GUTIÉRREZ DE DELGADO, ALFREDO LUGO, NELSON JOSÉ GREGORIO COLMENARES FARÍAS, NATANAEL DAVID CUICAS CAMACARO, ROSENDO GONZÁLEZ, ANALEXIS NARVÁEZ, JOSÉ GÓMEZ TOVAR, JORGE LUIS DÁVILA, ROSA ELVIRA MIJARES DE POVEDA, JOSÉ RUFINO FERRER, DANIEL GIL BETANCOURT, RAÚL DE JESÚS MEZA y ANTONIO VÁSQUEZ, anteriormente identificados, contra “el Acto Administrativo dictado por el Ciudadano Ministro de Infraestructura, que resolvió otorgar el beneficio de jubilación de oficio a los ciudadanos identificados supra”, sólo en lo atinente a la pensión de jubilación fijada por el entonces Ministro. 2.- Se ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INFRAESTRUCTURA calcular y pagar: i) las cantidades correspondientes a las diferencias por conceptos de pensión de jubilación, sueldos y demás beneficios laborales, como vacaciones, aguinaldos, prestaciones sociales y fideicomiso, que se adeudan a cada uno de los recurrentes con ocasión de la incorrecta aplicación del Decreto N° 1.786, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.181 del 9 de abril de 1997; y ii) el interés legal equivalente al tres por ciento (3%) sobre las cantidades adeudadas por los conceptos previamente especificados, desde el momento en que se hicieron exigibles cada una de esas obligaciones hasta el momento en que se efectúe el correspondiente cálculo.