La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar sin lugar la apelación interpuesta por Inversiones Copihue, C.A. contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado. La Sala concluyó que no se cumplían los requisitos de procedencia para la medida cautelar solicitada, ya que no se verificaba la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Además, se consideró que la sanción impuesta a la sociedad mercantil fue resultado del incumplimiento de la obligación de informar adecuadamente a los consumidores sobre las condiciones de las operaciones de compraventa.
Extracto de la motiva
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la apelación ejercida por la apoderada judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES COPIHUE, C.A., contra la sentencia Nº 2007-001192 de fecha 17 de mayo de 2007, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta conjuntamente con el recurso de nulidad. 2.- CONFIRMA en los términos expuestos en este fallo la decisión apelada.
Dispositiva
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la apelación ejercida por la apoderada judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES COPIHUE, C.A., contra la sentencia Nº 2007-001192 de fecha 17 de mayo de 2007, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta conjuntamente con el recurso de nulidad. 2.- CONFIRMA en los términos expuestos en este fallo la decisión apelada.
Palabras clave
actos administrativosindemnizacióninteresescontratosprotección al consumidordevaluaciónmora