La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos presentada por Andrey Gromisko Urdaneta Morales, quien impugnó la Resolución N° 01-00-000258 dictada por el Contralor General de la República. La Sala determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para otorgar la medida cautelar, específicamente el fumus boni iuris, lo que llevó a declarar improcedente la solicitud.
Extracto de la motiva
La Sala ha sostenido que la suspensión de efectos constituye una excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, mediante la cual se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse la decisión administrativa que eventualmente resultare anulada. Para que proceda la medida cautelar, es necesario que se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, es decir, que resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable, o que la medida sea necesaria para evitar perjuicios irreparables. En este caso, la Sala concluyó que no se configuraba el requisito del fumus boni iuris, siendo inoficioso el análisis del periculum in mora.
Dispositiva
Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos formulada mediante diligencia del 22 de septiembre de 2011, presentada por el abogado ANDREY GROMISKO URDANETA MORALES, actuando en nombre propio, en el marco del recurso contencioso de nulidad que interpusiera contra la Resolución N° 01-00-000258 dictada por el entonces CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA en fecha del 25 de agosto de 2010.