TSJ/SPA, Sent. N° 00341, Exp. 1999-15895, 14/04/2004
Extracto de la motiva
Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la declinatoria de competencia planteada, esta Sala observa: En el presente caso, se ha interpuesto un recurso de nulidad por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad conjuntamente con acción de amparo, contra la Resolución Nº 0069 de fecha 19 de marzo de 1999, dictada por el Director General del Ministerio del Trabajo, actuando por delegación del Ministro del Trabajo, la cual declaró la suspensión del despido masivo, así como también la improcedencia del cierre de la empresa MOLINOS NACIONALES C.A. ARAURE (MONACA), y en consecuencia, ordenó la reinstalación de los trabajadores afectados a sus respectivos puestos de trabajo. Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, declaró que la competencia para conocer del caso le corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con el artículo 215 de la Constitución de 1961, el cual, le atribuye la competencia a la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), para conocer de los actos administrativos dictados por el Ejecutivo Nacional. Asimismo, estableció el mencionado Juzgado, que los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, atribuyen la competencia a la Sala Político-Administrativa para el control de la constitucionalidad e ilegalidad de los actos administrativos individuales dictados por el Poder Ejecutivo Nacional. Así las cosas, se observa que la materia sustantiva objeto de análisis, viene dada por la naturaleza del acto impugnado, así como por el órgano del cual emana dicho acto, es decir, un recurso de nulidad contra la Resolución Nº 0069 de fecha 19 de marzo de 1999, dictada por el Director General del Ministerio del Trabajo, actuando por delegación del Ministro del Trabajo, la cual declaró la suspensión del despido masivo, así como la improcedencia del cierre de la empresa MOLINOS NACIONALES C.A. ARAURE, y ordenó la reinstalación de los trabajadores afectados a sus respectivos puestos de trabajo. Tal procedimiento, tuvo fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo, que señala: “Artículo 34. El despido se considerará masivo cuando afecte a un número igual o mayor al diez por ciento (10%) de los trabajadores de una empresa que tenga más de cien (100) trabajadores, o al veinte por ciento (20%) de una empresa que tenga más de cincuenta (50) trabajadores, o a diez (10) trabajadores de la que tenga menos de cincuenta (50) dentro de un lapso de tres (3) meses, o aun mayor si las circunstancias le dieren carácter crítico. Cuando se realice un despido masivo, el Ministerio del ramo podrá, por razones de interés social, suspenderlo mediante resolución especial. El patrono podrá ocurrir al procedimiento pautado en el Capítulo III del Título VII de esta Ley...”. Ahora bien, observa la Sala que corresponde a la jurisdicción laboral el conocimiento y decisión de todos los asuntos vinculados con esta materia, en virtud de los principios de integridad, especialidad y exclusividad que resguarda a dicha jurisdicción, según lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo, salvo las excepciones que la misma establece, a saber: i) procedimientos de conciliación y de arbitrajes (artículo 655 eiusdem), que será de la competencia de la Junta de Conciliación o de Arbitraje, según el caso; y ii) en los casos de recursos ejercidos contra las decisiones o resoluciones del Ministro del Trabajo relativas a la negativa de éste de registrar las organizaciones sindicales (artículo 425 eiusdem), las federaciones y confederaciones sindicales (artículo 465 ibidem), y, finalmente, la negativa a la oposición que se haga de las convocatorias para negociaciones en convenciones colectivas (artículo 519 ibidem) en cuyos casos, el ejercicio del recurso es ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. (En este sentido véase sentencia de esta Sala N° 949 del 15 de mayo de 2001.) Ello así, se observa que en el presente caso, no estamos frente a un asunto que configure la competencia especial y excepcional en materia del trabajo a favor de la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 42, ordinal 10, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que la controversia está relacionada con la suspensión del despido masivo formulada contra la empresa MOLINOS NACIONALES C.A. ARAURE (MONACA), conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Dispositiva
Por las consideraciones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, que le fuese declinado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Agrario y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, intentado por el abogado Ernesto Biscardi, actuando en su carácter de apoderado judicial de la empresa MOLINOS NACIONALES C.A. ARAURE (MONACA), contra la Resolución Nº 0069 de fecha 19 de marzo de 1999, dictada por el Director General del Ministerio del Trabajo, actuando por delegación del Ministro del Trabajo. En consecuencia se ORDENA remitir el presente expediente al tribunal declinante. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.