Sentencia N° 3072 Político-Administrativa TSJ 2001: Rodolfo Porro Aletti vs Consejo Nacional de Universidades (Cnu)

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por Rodolfo Porro Aletti, Director General del CIPPSV, contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo que declaró sin lugar la acción cautelar de amparo constitucional. La Corte consideró que el derecho a educar no es absoluto y puede estar sujeto a inspección y vigilancia por parte del Estado, lo que justifica la suspensión de actividades no autorizadas del CIPPSV. La Sala concluyó que no se evidenció presunción grave de violación de derechos constitucionales, confirmando la decisión de la Corte remitente.

En cuanto al derecho a educar cuya violación se denuncia, la prenombrada Corte expresó que de conformidad con el artículo 106 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado tiene el deber de realizar una inspección y vigilancia de las instituciones educativas privadas con el propósito de velar con el cumplimiento de manera permanente de los requisitos que establezca la Ley; por tal motivo, en criterio del a quo, el derecho a brindar el servicio educativo por parte de las instituciones privadas no es absoluto, dado que está limitado a las previsiones legales, razón por la que concluye con que “no puede afirmarse que, la suspensión temporal de Maestrías y Especializaciones no autorizadas, así como el impedimento de inscripción de alumnos en sedes igualmente no autorizadas se esté violando la aludida norma constitucional, pues estamos frente al ejercicio de la función de vigilancia e inspección que se encuentra en cabeza del Estado, esto es, el ejercicio de una actividad de policía administrativa”; siendo ello así es considerable además que ello implicaría para e(sa) Corte entrar a analizar esos requisitos legales que establece la Ley, lo cual le está vedado en sede cautelar, razones por las cuales se desestima tal violación ...

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por ciudadano RODOLFO PORRO ALETTI, en su carácter de Director General del CENTRO DE INVESTIGACIONES PSIQUIATRICAS, PSICOLÓGICAS Y SEXOLÓGICAS DE VENEZUELA, C.A. (CIPPSV), sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distirto Federal y Estado Miranda en fecha 08 de mayo de 1980, bajo el Nº 17, Tomo 93, A-Segundo, asistido por el abogado Luis Alberto Escobar, contra la sentencia dictada el 15 de febrero de 2001, por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, y en consecuencia CONFIRMA en todas sus partes la referida sentencia.