Sentencia N° 297 — Sala Político Administrativa del TSJ, 4 de junio de 2019

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por Freddy Mendoza contra la Resolución de la Contraloría General de la República que confirmó su responsabilidad administrativa y civil en la ejecución de la obra 'Autopista Antonio José de Sucre'. La sentencia resalta que se impuso una multa por irregularidades en la ejecución de la obra y se desestimaron los argumentos de prescripción y falta de pruebas presentados por el demandante. La decisión reafirma la validez de las actuaciones administrativas previas.

Señalando que tales hechos constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. También se determinó que: i) el referido ciudadano certificó de manera indebida, las partidas Nros. 22, 52 y 63 (valuaciones Nros. 1 y 6) correspondientes al contrato Nro. 01-2002, ya que se detectó cantidades de obras que no fueron ejecutadas pero sí pagadas por el Ejecutivo Regional; ii) así como que certificó indebidamente las valuaciones Nros. 1 y 8 relacionadas con el contrato Nro. 3-2004, correspondiente a la construcción de la obra Autopista “Antonio José de Sucre”, Tramo Plan de la Mesa-Bella Vista, determinándose discrepancias entre las cantidades de obras relacionadas en la partida Nro. 37 y las realmente ejecutadas. Señaló que todos los hechos irregulares antes descritos se subsumieron en el supuesto generador de responsabilidad administrativa establecido en el artículo 91, numeral 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En cuanto a los argumentos esgrimidos para resolver el recurso de reconsideración ejercido, el órgano contralor precisó respecto a la prescripción de la acción administrativa alegada por el recurrente que los hechos detectados ocurrieron bajo la vigencia de la Ley Orgánica antes mencionada, vigente desde el año 2001, la cual establece en su artículo 114 que el lapso de prescripción aplicable a las acciones administrativas sancionatorias es de cinco (5) años, lapso que comienza a correr desde la fecha de la ocurrencia del hecho, acto u omisión que origine la responsabilidad administrativa, la imposición de la multa o la formulación del reparo. A lo anterior agregó que, el artículo 115 eiusdem prevé que dicho lapso puede ser interrumpido por: i) la información suministrada al imputado durante las investigaciones preliminares; ii) la notificación a los interesados del auto de apertura del procedimiento correspondiente y, iii) por cualquier actuación fiscal notificada a los interesados, en la que se haga constar la existencia de irregularidades, siempre que se inicie el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. Explicó que la norma anterior no establece reglas específicas para proseguir las actuaciones una vez que se haya verificado la interrupción de la prescripción, por lo que debió aplicarse el artículo 110 del Código Penal, el cual constituye la norma sustantiva en materia punitiva por excelencia. De allí, que “(...) se evidencia que en los casos donde haya operado la interrupción de la prescripción, la autoridad que tenga a su cargo tomar la decisión correspondiente, tendrá que dictarla en un lapso no mayor al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo”, es decir, cinco (5) años más la mitad, esto es, dos (2) años y seis (6) meses, para hacer un total de siete (7) años y seis (6) meses. En ese sentido, constató que desde el 28 de agosto de 2003 (fecha del Acta de Terminación) hasta el 27 de marzo de 2007 (momento en que fue notificado el recurrente sobre la potestad investigativa) transcurrieron tres (3) años, seis (6) meses y veintisiete (27) días, esto es, un tiempo inferior al lapso de prescripción. Asimismo, se verificó que desde esta última fecha hasta el momento en que dicha autoridad dictó el Auto Decisorio, esto es, el 19 de febrero de 2013, transcurrieron cinco (5) años, diez (10) meses y veintitrés (23) días, lo que implica un lapso menor a aquel que disponía la Administración para dictar su decisión. Por tal motivo, se desechó la denuncia. Respecto al argumento relacionado a la presunta inconstitucionalidad del procedimiento para la determinación de responsabilidades, señaló que la Administración declaró la misma en acatamiento a las potestades sancionatorias de los órganos de control, contenidas en la Ley antes citada y en estricta sujeción al procedimiento previsto en el Capítulo IV de su Título III.

1.- SIN LUGAR la demanda de nulidad incoada por el ciudadano FREDDY MENDOZA, representado por el abogado Cristian Wulkop Moller, contra la Resolución de fecha 24 de octubre de 2014, emanada de la DIRECCIÓN GENERAL DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado por el referido ciudadano el 2 de abril de 2013 y confirmó la decisión acordada en el Auto Decisorio Nro. 08-01-PADR-006-2013 del 19 de febrero del mismo año. 2.- Queda FIRME la Resolución impugnada.